Ha levantado un avispero la circular a todos los empleadores estatales del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, ordenando recopilar datos sobre si los trabajadores y funcionarios del gobierno cumplen con pagar el servicio de electricidad y agua en sus casas.
La orden para que las direcciones de recursos humanos levanten la información en un plazo de quince días laborables tras el 31 de octubre, expresa que su propósito es “llevar un registro más preciso y facilitar la gestión administrativa”, pero la opinión pública ha interpretado que el Gobierno busca cómo cobrar a los empleados públicos que no pagan la luz o el agua.
Excelente idea pero no así. El debate del asunto en medios y redes sociales incluye preguntas como ¿qué hará su empleador con un servidor público que deba la luz? ¿Puede el Gobierno fiscalizar la relación contractual privada entre un empleado público y las distribuidoras o con corporaciones de acueducto?
Creo que está mal aconsejada la buena intención del ministro Freund, defendida mediante en redes sociales por el ministro de la Presidencia, José Paliza, y el zar eléctrico Celso Marranzini, jefe de las distribuidoras estatales y la generadora Punta Catalina, así como propietario de una subestación de distribución en Haina.
Está mal aconsejada porque la quiebra de las distribuidoras, que data del gobierno anterior del PLD pero fue empeorada en años recientes, no se resolverá cobrando sólo a los empleados públicos de alguna forma no especificada que podría ser con descuentos vía nóminas, ilegal sin el consentimiento del empleado u orden judicial.
Merece aplausos cualquier esfuerzo legal del Gobierno para perseguir y meter en cintura a los ladrones de luz u otros servicios, evasores u omisos de la DGII o la TSS, contrabandistas o subvaluadores ante la DGA. Pero en cada caso corresponde a la institución acreedora realizar la debida gestión de cobro. En el caso de la luz, a quien se adeuda un servicio impagado es a las distribuidoras.
Existen maneras legales de cobrar cualquier deuda. Cumplir las obligaciones es uno de los fundamentos del imperio de la ley. Invocar un relativo derecho a la privacidad para justificar incumplir alguna obligación es muy discutible.
En muchos casos, la culpa no corresponde sólo al ladrón de luz, pues las distribuidoras conocen dónde hay consumos mayores a sus facturaciones o a la cantidad de energía entregada, que no siempre se debe sólo a fraude o voluntad del cliente de robar, sino que cuando solicitan regularizar el servicio resulta que no hay contadores para ser instalados.
Pagar la luz es una obligación contractual entre cliente y distribuidora. En Punta Cana, Bávaro, Bayahibe, Casa de Campo, Portillo o las zonas industriales con distribución privada como Haina, si no pagas te cortan la luz sin que el gobierno se meta en eso. ¿Las distribuidoras estatales se atreverían a publicar su lista de deudores malapagas o desconectar a los ladrones de luz? No es física cuántica ni ingeniería aeroespacial, solo faltan voluntad política y destreza gerencial.
Comoquiera, la causa del enorme déficit y quiebra de las EDE no se origina en energía facturada y no cobrada, sino en energía comprada a generadores y peaje de transmisión sin pagar con los ingresos por facturación. Las EDE efectivamente cobran más del 90% de la electricidad que facturan pero apenas facturan 65% de la energía comprada a generadores.
El problema pues no es de cobro sino de falta de facturación, por malísima gerencia, falta de contadores para regularizar el servicio, pérdidas técnicas (por redes y subestaciones en mal estado), robos de luz vía conexiones ilegales o fraudes y nóminas supernumerarias.
El asunto es la impericia gerencial continuada y déficit gonádico en la cúpula de las EDE, errado enfoque político de cómo solucionar el grave problema y la locura de insistir en lo mismo esperando resultados distintos.
Coincido con expertos conocedores del negocio eléctrico: no hay que complicar con inventos raros lo que a simple vista es un lisio de mala gerencia. Ninguna empresa puede entregar lo que vende sin facturar y cobrar, ni depender indefinidamente de subsidios estatales.
Ante varias decisiones impremeditadas que mantienen en vilo a la población luego del fallido intento de reforma tributaria, quizás el ministro Freund ayude más al Gobierno exigiendo a funcionarios y empleados mejor cumplimento de sus obligaciones en cada cargo, procurando excelencia y resultados positivos.
Y si la idea es que los empleados estatales sean ciudadanos ejemplares, tras esta de pocas luces vendrán otras igualmente invasoras del ámbito privado, como controlar desde el MAP que los padres o madres cumplan con la manutención de hijos, manejen cumpliendo las leyes de tránsito o no invadan terrenos ajenos, en cada caso delitos cuya persecución corresponde a otras instancias oficiales igual que como cobrar la luz a las distribuidoras.
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