Cada vez que alguna ley previamente consensuada comienza a aplicarse, aun sea con décadas de retraso, los virtuosos que claman por el imperio de la ley lideran las quejas y protestas. Es el caso del desmonte del subsidio eléctrico, imposible de mantener en un ambiente de incertidumbre internacional por aumentos de precios y escasez que afectan hasta a los países más ricos.
Pero no es sólo el subsidio, sino que la Ley General de Electricidad prevé ajustes en todas las tarifas y en las fórmulas de costos que incluyen el valor agregado para distribución y el peaje de transmisión. Igual ha ocurrido con las telecomunicaciones e INDOTEL, que mientras una compañía cumple cabalmente sus disposiciones otras usan artimañas políticas para actuar por la libre.
Todos favorecemos el imperio de la ley hasta que nos toca, desde infracciones de tránsito (“deme un chance”), eludir o evadir impuestos, aplicar el Código de Trabajo o las leyes de seguridad social, cuyas cápitas deben revisarse anualmente. Ese lisio es el fundamento de la débil institucionalidad.