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Decreto Anti-Odebrecht pone riesgo $US 9.200 millones, según Gobierno

Decreto Anti-Odebrecht pone riesgo $US 9.200 millones, según Gobierno
Decreto Anti-Odebrecht pone riesgo $US 9.200 millones, según Gobierno

LIMA.- El Gobierno de Perú advirtió hoy al Congreso, donde el opositor partido fujimorista Fuerza Popular tiene mayoría, que pone en riesgo 30.000 millones de soles (unos 9.200 millones de dólares) en obras públicas en ejecución al dilatar la aprobación de la norma que sustituye al conocido decreto Anti-Odebrecht.

La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, indicó en conferencia de prensa que el valor de esas obras, correspondientes a 252 proyectos de las constructoras investigadas en Perú por el caso Odebrecht, es “casi todo el presupuesto en inversión para el año 2018”.

Cooper defendió la necesidad de aprobar el proyecto de ley que sustituye al decreto de urgencia 003, creado en 2017 para afrontar el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, para garantizar que las empresas sigan trabajando en sus proyectos mientras colaboran con la justicia sin afectar a la economía.

La ministra resaltó que, de no aprobarse en el parlamento el nuevo decreto, hay 53.000 empleos en nueve empresas más grandes de las cuarenta imputadas que pueden verse afectados.

“Buscamos un equilibrio entre atender las necesidades de la población sin dejar que haya un proceso de corrupción impune”, añadió Cooper, quien estuvo acompañada en la conferencia por los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Alfredo Bruce; de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra; de Salud, Abel Salinas; y de Agricultura y Riego, José Arista.

Cooper apuntó que el objetivo primordial del nuevo proyecto de ley es cautelar una reparación civil cuya recaudación ha sido nula con el actual decreto Anti-Odebrecht.

“Solamente se podrá recaudar en la medida en que los flujos se restituyan. Sin flujo no hay reparación civil ni obras ni empleos. Tenemos que empezar a hacer andar a la economía. Se tienen que hacer los pagos a las obras y se tienen que producir ventas en el sector.”, sentenció.

La ministra matizó que la nueva norma igualmente desacelera la economía porque le quita celeridad a los proyectos en ejecución de estas empresas, “pero por lo menos no la para” como el actual decreto.

Reiteró que “a las empresas se les va a castigar de una manera muy fuerte y, probablemente no todas sobrevivan, pero no podemos parar la economía y el servicio al ciudadano”.

Entre los proyectos que según la ministra están en riesgo son las obras de las sedes de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la Línea 2 del Metro de Lima, el Hospital Hermilio Valdizán, la autopista Ramiro Prialé y las ampliaciones de los proyectos de irrigación Chavimochic y Majes Siguas II.

El decreto de urgencia 003 fue prorrogado el 6 de febrero por 30 días más, a pesar de que la Constitución no lo contempla, después de que la oposición no se pusiera de acuerdo con el Gobierno para aprobarlo en el Congreso dentro de la fecha prevista.

La norma ordena la intervención de cuentas, prohíbe contrataciones estatales y controla de forma tajante la venta o transferencias de bienes y capitales de empresas que hayan confesado actos de corrupción o sean culpables de ese delito.

En la misma conferencia de prensa, el congresista oficialista Guido Lombardi acusó hoy al fujimorismo de “una falta de compromiso” para sacar adelante el nuevo decreto al poner “observaciones, trabas y dificultades” con el objetivo de que el Gobierno cargue con la carga político del decreto Anti-Odebrecht.

Entre las constructoras peruanas investigadas dentro del caso Odebrecht están Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA).

Estas compañías se asociaron en consorcios con Odebrecht para participar en concursos de millonarios contratos en obras públicas ganados mediante sobornos de la empresa brasileña.

El caso Odebrecht implica en Perú a la primera plana política del país por los sobornos pagados entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares con las que supuestamente financiaron campañas de los principales líderes políticos y candidatos a la Presidencia. 

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