SANTO DOMINGO.- El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez considera que el imputado es inocente y que se le ha tratado como «el más vil de los criminales, en etapa apenas de inicio de una investigación».
Puntualizan que se le ha impuesto medidas de coerción máximas para alegadas imputaciones de carácter administrativo o civiles y no penales utilizando el «populismo penal como arma de guerra».
Sobre el Plan de Humanización
Afirman que existe un deseo expreso de destruir el legado más significativo en materia penitenciaria realizado en el país por el ex Procurador, “con apenas 42 años de edad, Rodríguez decide intervenir el deficitario sistema penitenciario nacional, para pagar una deuda social que arrastrabamos durante más de siete décadas, construyendo y reformando 14 recintos de los 41 centros carcelarios existentes, que estaban en condiciones deprimidas. En un período de dos años, creó 12 mil plazas para internos, duplicando virtualmente la capacidad carcelaria para terminar con el hacinamiento», dijeron.
Asimismo, confirmaron que el proceso relativo al Plan de Humanización fue diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos de acuerdo a lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (Ley 340-06), bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas cinco empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
“Las empresas elegidas constan de alto reconocimiento, confiabilidad, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo de la industria de la construcción. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Son seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares. Construcciones que cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, añadieron los juristas.
La veracidad de esta afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras y les aumento el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda. Estas adenda fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito, y fueron depositados por la misma PEPCA, que nunca hace alusión a ellos.
“El pasado 2 de diciembre del 2020, la Procuradora General ratifica y refrenda estos contratos, puntualizando que los mismos fueron otorgados bajo condiciones regulares, en procesos de licitación llevados a cabo exitosamente, y a su vez, aumenta, por ajuste de “equilibrio económico” todos y cada uno de los contratos, lo que contradice la acusación de un posible desfalco en la construcción de La Nueva Victoria”, reafirmaron.
Reiteraron que los contratos contemplan cláusulas de cobertura para daños y fallas, amparadas con pólizas de fiel cumplimiento y vicios ocultos.
“Es absurdo afirmar que estas estructuras son inservibles, sin hacer el más mínimo peritaje. Además, es inverosímil que contando los contratos iniciales, con las ratificaciones recientes de los mismos, la administración actual no haya hecho el mínimo esfuerzo, que es parte de su responsabilidad, por reclamar cualquier arreglo y que se preste seis meses más tarde de firmado las adendas con los contratistas, a decir que el ex Procurador es el responsable”.
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