Defensas de imputados en Caso Pulpo siguen sin aportar nada, según Camacho

Dijo que en su momento oportuno presentará el acto conclusivo con relación a este caso.

SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho dijo este miércoles que los abogados de Alexis Medina Sánchez y Fernando Rosa siguen sin aportar nada nuevo para que un tribunal varíe la prisión preventiva a esos imputados del entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del año pasado con la Operación Anti Pulpo.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó la fortaleza del expediente estructurado por el Ministerio Público y rechazó que a los encartados se les hayan violado derechos, como alegan sus abogados.

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por el juez Rafael Báez, aplazó para este jueves, a las 9:00 de la mañana la revisión de la medida de coerción de prisión preventiva que cumplen ambos imputados junto a otros implicados en el caso en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

“A ninguno de los imputados de este proceso se le ha violado un derecho; eso es tan evidente que cinco jueces han dado muestra de que el Ministerio Público tiene razón al asegurar que el caso de Operación Anti Pulpo es un caso blindado”, manifestó.

Camacho agregó que “el plazo de la prisión preventiva es de un año, no de tres meses; el Ministerio Público está dentro de lo que establece la norma procesal penal y avanzará en este caso conforme lo establece la norma procesal penal”.

Dijo que en su momento oportuno presentará el acto conclusivo con relación a este caso.

Al responder preguntas de la prensa luego de que el tribunal aplazara la audiencia, el procurador adjunto expresó que “no ha habido una sola coma nueva de la argumentación de los abogados de la defensa y al mismo procedimiento deben venir los mismos resultados”.

“No se pueden esperar resultados diferentes haciendo siempre exactamente lo mismo”, enfatizó.

El pasado enero la Segunda Sala de la  Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener en prisión a Medina Sánchez y al expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, así como a otros imputados del caso, luego de rechazar los recursos de apelación interpuestos por los procesados.

En la audiencia de este miércoles los abogados de la defensa de los imputados presentaron sus argumentos en procura de que a sus defendidos les sea variada la prisión preventiva.

El expediente del Caso Pulpo se sustenta en un arduo trabajo de investigación desarrollado por el Ministerio Público de un amplio equipo de fiscales liderados por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

A Juan Alexis Medina Sánchez se le atribuye ser el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina, para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes.

Junto a Medina y Rosa son procesados Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Francisco Pagán Rodríguez,  exdirector de la Oisoe; Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes cumplen prisión preventiva.

Mientras que contra los procesados Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana de Juan Alexis Medina Sánchez, y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y a Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, pesan tres meses de arresto domiciliario.

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.

El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.

Las medidas de coerción fueron impuestas por el entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en diciembre del pasado año.