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¿Dejará la declaración de bienes de ser solo un papel?

¿Dejará la declaración de bienes de ser solo un papel?
¿Dejará la declaración de bienes de ser solo un papel?

SANTO DOMINGO.- Los titulares de la Cámara de Cuentas, la Procuraduría General de la República y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, de forma separada, han enviado el mensaje de que las declaraciones de patrimonio dejarán de ser solo un papel, que se comprobarán las informaciones y que se hará cumplir la ley contra quienes hayan cometido irregularidades al declarar sus fortunas.

¿Se cumplirá?

De hacerse, se estaría marcando un precedente pues en el país no hay registro de destitución, sometimiento ni retención de bienes de funcionarios que no hayan podido comprobar el origen de sus riquezas, aunque es lo que establece la ley.

En su artículo 15 la ley 311-14 detalla que quienes falseen datos serán sancionados «con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del Gobierno Central».

Y a continuación el artículo 16 indica que es obligación de los funcionarios «probar el origen lícito de sus patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente».

Las declaraciones juradas «no son papeles para archivar sino instancias para investigar», dijo este lunes Milagros Ortíz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, al decir que se penalizarán las irregularidades encontradas.

Los órganos de investigación del Ministerio Público procederán a investigar los casos reportados por la Cámara de Cuentas y, al igual que los casos de los funcionarios salientes y entrantes, procederá conforme al mandato de la Ley 311-14”, anunció la procuradora General de la República, Miriam Germán, hace unos días.

El anuncio se hizo luego de que Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, reportara a la PGR los nombres de 392 funcionarios que hasta el 17 de junio de este año estaban omisos.

El 10 de septiembre la Cámara de Cuentas envió a la PGR los nombres de 3,000 funcionarios salientes que no habían depositado su declaración de bienes.

Para entonces también se denunciaron algunas trabas a la labor fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, denunció el presidente de la institución.

“Ellos alegan que eso es secreto bancario y tanto nosotros como el Ministerio Público está facultado para obtener esas informaciones, también Jurisdicción Inmobiliaria siempre nos pone muchas dificultades”, dijo Álvarez en ese momento.

Los funcionarios que no puedan demostrar el origen lícito de sus riquezas, pueden perderlas. Sí, el párrafo del artículo 16 dice que en estos casos «la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados».

¿Qué pasa si ponen los bienes a nombre de alguien más para no declararlos?

La ley que el enriquecimiento ilícito abarca hasta familiares en el cuarto grado de consanguinidad o relacionados al funcionario.

Cuando se demuestre enriquecimiento ilícito en favor del servidor o sus allegados, los bienes decomisados pasan a ser propiedad de estado, una vez el decomiso haya sido ordenado por un juez y la sentencia tenga la autoridad de «la cosa irrevocablemente juzgada».

¿Y qué pasa con el funcionario que no pueda demostrar que sus bienes son lícitos?

Podría ir a prisión con penas de entre cuatro y 10 años de prisión mayor. El artículo 18 indica también que se les puede aplicar «una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años».

Además de esto, a quienes se les compruebe enriquecimiento ilícito tendrán 10 as de inhabilitación, como pena complementaria e iniciando desde que termina el encarcelamiento.

«Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables», dice también la ley.

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