Santo Domingo.-Entre las decenas de acuerdos realizados por la PEPCA con imputados de varios casos de corrupción, algunos de los procesados se comprometieron a devolver millones de pesos, y al decomiso de bienes; otros fueron multados al pago de tres mil salarios mínimos.
En el caso Coral, el MP informó que llegó a un acuerdo con los representantes de las empresas de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L.
Mediante un procedimiento penal abreviado, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenará la disolución de las empresas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes a su nombre.
Las empresas deberán pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.
Según la Fiscalía los representantes de ambas empresas sirvieron como“prestanombres” al coronel Rafael Núñez de Aza y a la madre de sus hijos, la primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, quienes son los dueños reales de las sociedades comerciales.
Las sociedades comerciales Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L., son dos de las cuatro empresas que fueron separadas del expediente de la Operación Coral el año pasado, mediante las cuales desfalcaron al Estado dominicano con un aproximado de RD$360 millones, Cestur y el Cusep.
En tanto, el l caso conocido como “Operación Calamar”, involucra a destacados exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina y una compleja estructura criminal que saqueó al Estado dominicano por un monto superior a los 21 mil millones de pesos.
El Ministerio Público afirma que los que asumieron su responsabilidad en el caso lograron acuerdos para admitir su culpabilidad y, en total, devover millones de pesos además de comprometerse a colaborar para condenar a los principales responsables, lo que incluye presentar testimonios en contra de ellos.
José Arturo Ureña Pérez, admitió haber sido parte integral de esta estructura criminal. Su participación se centró en la “…creación de un esquema de cobro ilícito a las bancas deportivas, que eran obligadas a pagar una cuota mensual bajo amenaza de cierre por parte del Ministerio de Hacienda”
En un acto de arrepentimiento y cooperación con las autoridades, Ureña Pérez ha acordado devolver 500 millones de pesos mediante cheques.
Fernando Crisóstomo Herrera según la PEPCA jugó un papel crucial en la operación del «proyecto o programa», una iniciativa ilegal autorizada supuestamente por Donald Guerrero “…para recaudar fondos de las bancas de lotería, deportivas y colmados con máquinas tragamonedas”
Acordó con el órgano investigador devolver más de 101 millones de pesos.
RD$1, 101, 770, 078, 50.00
Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo, fue el responsable alegadamente de la logística financiera del esquema de corrupción.
En un acuerdo con las autoridades, ha consentido devolver 715 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles.
Para que estos acuerdos puedan proceder deben ser homologados por el Juez o Jueza del Juzgado apoderado en dichos casos en lo cual deberán tomar en cuenta las pruebas aportadas por el MP así como la imputación en su contra.