Santo Domingo.– El incremento de los delitos sexuales en República Dominicana ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad y entre especialistas de la psicología, quienes advierten que el fenómeno responde a patrones sociales que han normalizado conductas violentas y dañinas.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero y julio de este año se registraron 3,854 denuncias de delitos sexuales, de las cuales 681 corresponden a violaciones.
El mes con mayor denuncia en el país
El mes con mayor cantidad de denuncias fue abril, con 126 casos, seguido de julio con 98 y enero con 97.
La psicóloga María Esther Camacho calificó la situación como «una pandemia» que afecta a todos los sectores del país. A su juicio, la prevención requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado y las familias, en el que la educación y la vigilancia cercana hacia los menores y personas vulnerables jueguen un papel central.
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Casos recientes que alarman
- La preocupación ciudadana se ha intensificado tras una serie de hechos recientes que han causado indignación:
• En agosto, una adolescente de 13 años fue violada presuntamente por un grupo de hombres, incluidos tres menores.
• Ese mismo mes, en Villa González, Santiago, una joven de 21 años fue agredida sexualmente por seis hombres que grabaron el hecho y difundieron el video en redes sociales.
• En julio, una mujer fue víctima de violación y robo, supuestamente a manos de tres policías y un militar mientras viajaba en taxi por la avenida España, en Santo Domingo Este.
Clamor ciudadano
Residentes del Gran Santo Domingo consultados consideran que los casos deben enfrentarse con sanciones más severas, y denunciaron que en ocasiones «los responsables son liberados por jueces corruptos» o mediante influencias familiares.
Los especialistas advierten que las cifras oficiales representan solo una parte del problema, pues muchos abusos no se denuncian por temor, desconfianza o vergüenza.
Por ello, instan a las familias a reportar cualquier situación de abuso sexual ante las autoridades competentes, como única vía para frenar la expansión de esta violencia que afecta gravemente a niños, adolescentes y mujeres en todo el país.