Miami.- Varias organizaciones sociales presentaron este jueves una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en la que denuncian dificultad de los detenidos en cuatro centros del país para acceder al asesoramiento legal.
La subdirectora legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Florida, Katie Blankenship, señaló a través de un comunicado que los centros de detención de ICE son conocidos «por sus terribles condiciones y la falta de acceso a representación legal», razón por la que se presenta la demanda.
Blankenship señaló que esta situación deja a las personas detenidas en desventaja y aumenta drásticamente «la probabilidad de que las condiciones abusivas o inhumanas no se controlen» dentro de los centros de detención.
En concreto, la denuncia se dirige contra los centros de detención del ICE en los estados de Florida, Luisiana, Texas y Arizona.
Detalla, en particular, los supuestos obstáculos que enfrentan abogados al intentar comunicarse con las personas detenidas en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome, en Miami (Florida), incluida la limitación de llamadas privadas y confidenciales a representantes legales.
La lista de dificultades añade limitaciones en las visitas en persona y barreras para organizar servicios de traducción, todo lo cual impacta negativamente en la representación legal.
«Es crucial que las personas detenidas por ICE puedan ejercer su derecho a un representante legal y abogar por su liberación segura a sus comunidades y familias en los Estados Unidos», indicó Blankenship.
Las investigaciones muestran, según ACLU, que las personas detenidas con representación legal tienen casi siete veces más probabilidades de ser puestas en libertad y diez veces más de ganar sus casos de inmigración que las que no la tienen.
Sin embargo, en el Centro Correccional de Florence (Arizona), el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Florida), el Centro de Procesamiento de Laredo (Texas) y el River Correctional Center en Ferriday (Louisiana) los abogados encontraron obstáculos para hacer su trabajo.
«Sabemos que el acceso a un abogado conduce a la libertad, la seguridad y la reunificación con los seres queridos de tantas personas detenidas por motivos de inmigración», dijo Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de la organización Americans for Immigrant Justice.
La demanda fue presentada de forma conjunta por la ACLU, el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence (Firrp, en inglés), la Campaña de Justicia de Inmigración para el Consejo Estadounidense de Inmigración (IJC, en inglés) y los Servicios de Inmigración y Defensa Legal (ISLA, en inglés), entre muchas otras organizaciones.