SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los antecedentes, el desarrollo y los entramados de los acuerdos para reformar la constitución y restablecer la reelección presidencial han venido a confirmar una penosa realidad: el secuestro de los partidos y de su democracia interna por grupos de poder.
Esta degradación frustra y cierra el paso a las nuevas generaciones interesadas en hacer vida partidaria y aspirar, con todo el derecho y de forma legítima, a posiciones que ahora monopolizan dirigentes y autoproclamados líderes.
Con el eufemismo de llamar a esta práctica una reserva estratégica para fines de negociación y alianzas en determinadas coyunturas, se subestima la capacidad de la gente de advertir que es la viva demostración de un comercio en que está ausente toda noción de ética.
Esto es precisamente lo que se evidenció en las maniobras, que para sorpresa de muchos, determinaron que el Partido Revolucionario Dominicano renunciara a su rol opositor para competir por cuenta propia en las próximas elecciones y en su lugar apoyara al Partido de la Liberación Dominicana en el proyecto reeleccionista.
Ante el silencio de ambos partidos para precisar el alcance de los acuerdos, son muchas las especulaciones que han surgido, entre las que se destaca un proyecto para crear dos nuevas provincias y justificar igual número de senadurías.
De ser cierta, sería una barbaridad porque al igual que en la búsqueda de la reelección, se pone de lado el interés general que se supone la clase política debe defender, a fin de satisfacer únicamente ambiciones personales y grupales.
¿Cómo es posible que se pretenda llevar adelante una propuesta semejante, en medio de carencias médicas y hospitalarias y de un sin fin de necesidades mal cubiertas en servicios públicos básicos, ¿cómo se justifica crear otras dos burocracias edilicias con el dinero de los contribuyentes?
Se ha llegado a un nivel tal de descaro e irrespeto a los ciudadanos que dirigentes políticos inescrupulosos hacen acuerdos que comprometen al fisco y aplastan la democracia, porque manejan los partidos como feudos o negocios particulares.
En medio de este deprimente panorama, las denuncias sobre supuestos sobornos en el Congreso para aprobar la reforma a la Carta Magna han recordado aquello de que algo mal huele en Dinamarca. ¿Será acaso por el supuesto paso del escurridizo personaje conocido como el hombre del maletín? La Procuraduría General de la República (PGR) debería averiguarlo.