Sufrimos con la inseguridad pública la lucha entre el Poder Político Posicional, que quiere reproducirse y extenderse en la conducción del Estado. Y del otro lado el Poder Político y Social vinculado a los Gabinetes de la violencia, la delincuencia y la criminalidad organizada, los cuales pretenden anular las acciones de seguridad, tanto Nacionales como Internacionales.
Quieren determinar, las autoridades y los criminales, el espacio político y democrático que le corresponde a la población y a la sociedad. Es por eso que el poder político posicional carece de una oferta organizada de seguridad, con la cual garantizar la dignidad de los derechos de los ciudadanos.
Padece la población y la sociedad el desgaste democrático de las fuerzas de seguridad y de los cuerpos policiales, por una estrategia de seguridad pública incompatible con la demanda real de los ciudadanos y la sociedad. Ya que la violencia, la criminalidad y la delincuencia es más institucional que social, puesto que su cartografía refleja una gran implicación del poder político posicional y del poder político y social.
Hablar de violencia, delincuencia y criminalidad sin considerar los canales de distribución, los grupos de poder político que le dan soporte operativo, los medios de comunicación que amplifican sus ofertas, las empresas de fachada que les dan soporte financiero, bélico y de seguridad y las vías legales e ilegales por las que transportan, traspasan y distraen sus bienes, es una ironía.
Pensemos en la propaganda, la publicidad y las relaciones públicas que realizan figuras estelares de los medios de comunicación, a los negocios y empresas que sirven para el lavado de los activos obtenidos en las actividades delictivas y criminales. Los ejemplos can desde equipos de pelota, casas de cambio, bancas de lotería, bancos comerciales, líneas aéreas y hasta empresas de radio y televisión.
Ocurre aquí lo mismo que en Inglaterra con el Banco HSBC, el de los bonos de la Sun Land, que acaba de recibir una condena, en los Estados Unidos, por US$2,500 millones de dólares, por lavado de activos de narcotraficantes Mexicanos. Este riesgo de seguridad lo tenemos en nuestras narices, como lejos, pero Diputados, Obispos Católicos, Pastores Evangélicos y Autoridades proponen como solución el “Denle pa’bajo”, el exterminio de antisociales.
Queda demostrado, con el “Denle pa’bajo”, que los poderes políticos y posicionales del Estado han disociado las estructuras institucionales. Que la función y oficio democrático ha perdido la susceptibilidad para la integración constitucional. Que el congreso, el Ministerio Público y los Ministerios del Gobierno ejercen de robots, porque perdieron su capacidad para diseñar proyectos y corregir sus errores.
Renuncian, con la estrategia de “Darle pa’bajo”, a su condición de autores del proceso democrático, para convertirse en socios anónimos de los gabinetes delictivos, cuando promueven sus propios métodos. Sigue ciego el poder político posicional del Estado frente a la inseguridad ciudadana. Prefiere el ruido noticioso por encima de su responsabilidad política, con lo que llevan a la población y a la sociedad al abismo, y les dejan sin fuerzas, ni siquiera para pedir auxilio.