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Denuncian a gobernador brasileño ante OEA por polémica política de seguridad

Denuncian a gobernador brasileño ante OEA por polémica política de seguridad
Denuncian a gobernador brasileño ante OEA por polémica política de seguridad

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Una comisión de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro anunció este martes que presentó una denuncia ante la OEA contra el gobernador de este estado brasileño, Wilson Witzel, por su cuestionada política de seguridad pública y su defensa del uso de francotiradores y de tiroteos desde helicópteros.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo regional, desde su campaña electoral el año pasado, Witzel viene defendiendo medidas para “abatir” criminales que son contrarias a los derechos humanos y a la propia Constitución brasileña.

La presidencia de esta comisión aseguró en un comunicado que la política de seguridad pública del actual gobernador de Río defiende “crímenes contra la humanidad, la pena de muerte y la tortura”.

El documento cita un sobrevuelo en helicóptero de la Policía Civil realizado por Witzel la semana pasada sobre comunidades del municipio de Angra dos Reis desde el que son realizados disparos y cuyas imágenes fueron divulgadas por el propio gobernador en un mensaje en las redes sociales en las que avisó que su intención era acabar con la criminalidad en dicha población.

La denuncia también cita diferentes operaciones realizadas por la Policía desde el 1 de enero, cuando Witzel asumió como gobernador de Río, en las que han muerto civiles de forma indiscriminada.

Tan sólo esta semana diez personas murieron en tres diferentes operaciones policiales en favelas de Río de Janeiro.

El documento enviado a la OEA recuerda que el político, un exjuez federal del Partido Social Cristiano (PSC), ha defendido que la Policía tirotee criminales, y que use francotiradores y helicópteros para disparar contra supuestos pistoleros en las favelas.

Pese a que la gobernación alega que los índices de criminalidad cayeron, el estatal Instituto de Seguridad Pública contabilizó 434 civiles muertos en acciones policiales en los tres primeros meses de este año, un número 17,9 % superior al del mismo período de 2018.

De acuerdo con la presidenta de la comisión legislativa, diputada Renata Souza, las declaraciones del gobernador estimulan la violencia, hasta el punto que Río “vive hoy su peor momento en lo que se refiere a muertes por intervenciones policiales”.

“El gobernador ya hizo numerosas declaraciones legitimando la violencia policial en las favelas, lo que nos hace pensar que ese aumento expresivo del número de muertes tiene relación directa con la permisividad del jefe del Ejecutivo”, según la nota.

La gobernación, en un comunicado, afirmó que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que su política de seguridad está fundamentada en “inteligencia, investigación y entrega de equipos a los policías”.

La nota agrega que la Policía utiliza tiradores de élite en sus operaciones desde hace varios años pero siempre siguiendo protocolos preestablecidos y en el marco de la ley.

La propuesta de Witzel para que francotiradores de élite abatan a criminales que porten fusiles ha generado condenas de organizaciones como Amnistía Internacional, para la cual la medida supone una afrenta a la legislación brasileña e internacional.

Según Amnistía, autorizar previamente a los policías a actuar de forma ilegal, violenta y violando los derechos humanos sólo desembocará en una escalada de violencia que pondrá en riesgo la vida de cientos de miles de personas, inclusive los uniformados.

Witzel es un fiel seguidor del ultraderechista Jair Bolsonaro, y, como el presidente brasileño, defiende “mano dura” para combatir la violencia que azota a Río.

El estado más emblemático de Brasil afronta una grave crisis de seguridad que se desató tras los Juegos Olímpicos de 2016 y que alcanzó su máximo pico en 2017.

Ante el aumento de la violencia, el entonces presidente de Brasil, Michel Temer, decretó en febrero del año pasado una intervención federal en el área de seguridad de Río, que dejó en manos de las Fuerzas Armadas el control del orden público.

La medida, suspendida en diciembre, se mostró ineficaz para reducir la violencia.

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