SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Vulneración de derechos laborales y pagos atrasados a la seguridad social son algunas de las irregularidades alegadamente cometidas en contra de los empleados de una compañía de seguridad propiedad de un legislador.
La empresa, demandada en el Ministerio de Trabajo, no ha enviado ningún representante a las audiencias.
Además, treinta millones de dólares invertidos en el sistema de semáforos no resuelven entaponamientos en la capital.
Un nuevo contrato cursa en el Congreso por 40 millones de dólares.
Esto y más este lunes 26 de octubre a las 9 de la noche en El Informe con Alicia Ortega por Color Visión.