Washington. – La impunidad ante la violencia sexual contra mujeres y niñas en Haití fue motivo de denuncia este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expusieron las carencias del sistema a diversos niveles, en un contexto de inseguridad y falta de operatividad de la Justicia.
Representantes de la sociedad civil pertenecientes al Comité para la Paz y el Desarrollo, organización de defensa de los derechos humanos, señalaron el vacío institucional para afrontar la violencia contra las mujeres, especialmente de carácter sexual.
La violencia sexual en Haití da «asco y miedo», las pandillas usan la violación para imponerse y difundir el terror, hay ataques constantes de los grupos armados y las mujeres sufren violaciones continuas en sus casas o en plena calle. Incluso se filman las agresiones «para quienes las quieran disfrutar», expusieron.
Como ejemplo, se mencionó la violación, en octubre de 2023, de 17 mujeres que vendían en la calle, a quienes después «se les obligó a caminar por las calles desnudas. Esta es una violación a la sociedad misma».
Para tener una panorámica de la criminalidad sexual en Haití, la organización elaboró un estudio que pone de manifiesto categorías de violencia de todo tipo, como hostigamiento, chantaje, explotación, incesto y violación de menores.
Las víctimas pertenecen a todas las categorías sociales y edades, incluidas menores, con predominio de personas de escaso nivel económico y gente con bajo nivel de educación que vive en los barrios más pobres y que representan el 86 % de los casos estudiados.
En la exposición se puso de manifiesto la imposibilidad de acceder a las pruebas médicas exigidas para confirmar la agresión, certificado que debe presentarse en los tres días siguientes. En las zonas rurales es donde menos opciones hay de conseguirlo («las pueden violar por delante y por atrás y no hay quien se preocupe o lo señale»).
También denunciaron la ausencia de apoyo jurídico a las víctimas. Entre 2022 y 2023 hubo 1,535 quejas por agresión sexual, de las que el 31,9 % (490 personas) no obtuvo atención de la justicia y a las que sí fueron atendidas no se les dio seguimiento en el 80 %. Además, son muchos los casos que no se denuncian por miedo a represalias.
Ante la «falta de funcionamiento del sistema judicial», se apeló a la CIDH a que «adopte resoluciones que recomienden a las autoridades haitianas que termine con la impunidad en materia de crímenes sexuales, que se tomen medidas concretas para proteger a las mujeres y reparar a las victimas de manera eficaz», entre otras cuestiones.
Los representantes del Estado respondieron mostrando su rechazo ante la impunidad debido a la inacción de «distintos actores judiciales que deberían haber intervenido» y por «las respuestas de la Policía que no fueron lo que deberían haber sido».
Reconocieron que la violencia basada en género ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pero «jamás se ha dejado de reconocer la necesidad de apoyar a las víctimas de la manera en que sea posible», médica y jurídicamente.
«Todo tipo de violencia basada en género es inaceptable, y nos queda claro que 72 horas después de la agresión debería haber un documento médico o de otra índole» sobre la agresión, «las mujeres tienen derecho a ese apoyo legal, según la normativa».
Conforme a los datos aportados, 4,000 mujeres y más de 3,000 niñas recibieron apoyo de la sanidad pública y del sistema jurídico en 2023, pero «entendemos que nos hace falta reforzar a la Policía frente a la violencia de género».
Sobre la inacción de la Justicia, explicaron que ha habido huelgas de distintos actores judiciales, también adujeron «problemas de logística y seguridad que impiden el normal funcionamiento» de los tribunales y admitieron que «el aparato judicial en su totalidad debe ser agilizado».
Señalaron en este sentido que mientras tanto trabajan en la capacitación «sobre lo que supone la violación de mujeres y niñas, para que tengan una idea más cabal».
«Hace falta formar a más personas e identificar nuevas infracciones en materia sexual» y fortalecer la capacidad de la Policía Nacional para mejorar la protección de menores y mujeres, sostuvieron.