Denuncian que más de 3,000 menores han sido detenidos bajo régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción, que se ha convertido en la principal y única medida contra las también llamadas maras, se colocó como la medida más popular de la primera gestión del presidente Nayib Bukele.

El Salvador.- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe presentado este martes que más de 3,000 menores fueron detenidos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, documentando entre ellos 66 casos de jóvenes que han sido objeto de abusos y violaciones a los derechos humanos.

«Desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, más de 3,000 menores han sido detenidos, muchos de ellos sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas. Human Rights Watch documentó 66 casos de menores que han sido objeto de abusos como detención arbitraria, tortura y otras formas de malos tratos, y acoso policial», señaló el informe.

Con el título «‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador», el informe detalla que en los casos documentados, «los menores detenidos reportaron condiciones de detención inhumanas, que incluyen hacinamiento extremo y condiciones antihigiénicas que ponen en riesgo su salud, así como falta de alimentación y de atención sanitaria adecuadas».

La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, remarcó en una conferencia de prensa en San Salvador que algunas de las violaciones a derechos de menores son detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, golpizas, falta de condiciones básicas, castigos físicos, entre otras.

Relató que al menor, que fue liberado, «lo golpearon otros presos y los guardias no intervenían ante la agresiones que sufría».

«El caso de Agustín es uno de cientos de casos de los que ocurren diariamente en El Salvador bajo el régimen de excepción», dijo la directora de HRW.

El régimen de excepción, que se ha convertido en la principal y única medida contra las también llamadas maras, se colocó como la medida más popular de la primera gestión del presidente Nayib Bukele (2019-2024) y le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.