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Denuncian SCJ y Procuraduría incrementan tarifas para expedir documentos

Denuncian SCJ y Procuraduría incrementan tarifas para expedir documentos
Denuncian SCJ y Procuraduría incrementan tarifas para expedir documentos
Presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez

Presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Colegio Dominicano de Notarios pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Mariano Germán, y al Procurador General de la República (PGR), Francisco Domínguez Brito, explicar a las Cámaras Legislativas y a la ciudadanía por qué han incrementado las tasas por la legalización de documentos, y creado impuestos sin estar facultados para una labor propia del Congreso Nacional.

Pedro Rodríguez Montero dijo que ambos funcionarios judiciales son los primeros que se oponen a la seguridad jurídica y aprueban unilateralmente improcedentes aumentos en las tarifas de Servicios Notariales.

Rodríguez Montero habló durante la ceremonia de inauguración del Primer Congreso Notarial Dominicano sobre Biometría, Firma digital y Asuntos no Contenciosos, en el cual expondrán 11 expertos nacionales y 13 representantes de Puerto Rico, Argentina, Colombia, Perú, Francia y España.

Señaló que la Procuraduría ha participado, en un documento, que ha establecido un impuesto de 600 y 500 pesos por actos notariales, judiciales y por sentencias de divorcio, servicios que son realizados por la legalización de firmas de notarios, intérpretes judiciales y representantes del Ministerio Público.

Indicó que, igualmente, la Suprema Corte de Justicia implementó el pago de 500 pesos por la expedición de certificaciones de juramentación de notarios, depósito de protocolo, registro de datos y depósito de la relación del Libro Índice de Notarios.

Afirmó que también subió a 300 pesos la expedición de certificaciones por la juramentación de abogados, registros de notarios, registro de propiedades y otras informaciones sobre  los auxiliares de la Justicia, como notarios públicos, alguaciles, intérpretes judiciales, venduteros públicos y otros, amparada en la resolución número 12-2014, del 31 de octubre de 2014, que aprueba el reglamento para el cobro de tasas por emisión de las certificaciones.

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