El derecho a la protesta cívica, una prerrogativa garantizada por la Constitución en el contexto de la democracia y las libertades públicas, tiene que ser garantizada por las autoridades, pero los auspiciadores de esas manifestaciones deben realizarlas de forma ordenada y ajustadas a la razón y al ordenamiento jurídico.
Además del legítimo derecho de defender sus intereses particulares, las organizaciones que recurren a esos medios de protesta, tienen que tomar en cuenta el procedimiento que aplican para evitar perjuicios a la población en general, sobre todo si tienen alguna noción de sensibilidad social.
Decimos esto a propósito de los paros en el transporte de carga y de pasajeros que están proyectados para la próxima semana, en reclamo de que el Gobierno reduzca el precio de los combustibles, que han estado en aumento en las últimas semanas, aunque a partir del sábado registrarán una ligera disminución.
En el caso particular del paro anunciado por Fenatrado, que será de 72 horas a partir del martes 25 de septiembre, tranquiliza la seguridad que ha dado la dirigencia del gremio de que, a diferencia de episodios del pasado, en esta ocasión no recurrirán a obstruir el paso a los muelles.
Esas odiosas prácticas, además de afectar el desenvolvimiento de las actividades en los puertos, entorpecen el libre tránsito en las vías de acceso y perjudican a mucha gente ajena por completo al paro que tiene derecho a desarrollar su vida y su trabajo sin ningún tipo de inconvenientes.
Ojalá que, tal como han prometido Fenatrado, sus unidades pesadas —en su mayoría patanas equipadas para transportar contenedores— permanezcan paradas en sus parqueos durante los tres días de la suspensión del transporte de carga.
Sin embargo, como es previsible que empresarios y comerciantes que tienen sus propios equipos de transporte, los utilicen para mover carga durante el paro, las autoridades tienen que garantizar que esta labor se realice con seguridad y sin ningún tipo de interferencia.
Por todo este antecedente, el panorama para la próxima semana se torna un tanto complicado, en vista que además de Fenatrado, también Conatra anuncia para el jueves 27 un paro de 12 horas en las rutas que opera en el transporte urbano de pasajeros.
Esto obliga a las autoridades, especialmente a la Policía a emplearse a fondo para garantizar el orden, pero sin aparatosidad ni despliegues desbordados de efectivos, porque podría constituir un ingrediente adicional de tensión en lugar de llevar tranquilidad a la ciudadanía.
En medio de todo esto y de los inevitables trastornos que provocará a pasajeros, empresarios y usuarios en general, habrá que esperar la actitud que en última instancia asumirá el Gobierno ante las demandas de rebaja de los combustibles.
Esta disminución no es nada simple ni fácil, especialmente porque como país no productor de petróleo —aunque se asegura que tenemos grandes reservas no explotadas— la República Dominicana está obligada a importar el crudo, cuyo precio actual en el mercado internacional ronda los 70 dólares el barril.
Sin negarle validez a los gremios del transporte en los argumentos que esgrimen ante el precio de los combustibles, la sensatez y el interés común aconsejan recomendarles que también reflexionen sobre la necesidad de preservar y no interferir con los derechos de la colectividad, pieza angular para la convivencia armónica en sociedad.