La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncia ante trágico suceso
Santo Domingo.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la muerte de cinco hombres durante un tiroteo en una barbería del sector La Barranquita, en Santiago, a manos de agentes de la Policía Nacional, calificando el hecho como un “abuso” y un “exceso en el uso de la fuerza pública”.
El presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, denunció que este caso se suma a más de 150 ejecuciones extrajudiciales que, según la CNDH, se han producido en el país en lo que va de año.
De acuerdo con el testimonio de Diógenes Ozuna, representante de Derechos Humanos en Santo Domingo Este, la Policía alegó que los fallecidos intentaban atracar la barbería donde trabajaba Vladimir Valerio Esteben, de 25 años, quien se encontraba atendiendo a un cliente.
Sin embargo, asegura que los agentes dispararon de manera desproporcionada, alcanzando mortalmente al joven barbero.
Mercedes recordó que la reforma policial ha quedado en el olvido y que el reglamento de uso de la fuerza, elaborado como parte del proceso de transformación institucional, no se está aplicando ni enseñando a los nuevos agentes.
La Comisión pidió al presidente Luis Abinader ordenar una investigación independiente, al considerar que la Policía Nacional “no puede ser juez y parte”. Exigieron que el proceso sea dirigido por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, como establece la Constitución y el Código Penal.
Pese a reconocer la necesidad de enfrentar la delincuencia, senadores de distintos partidos políticos también solicitaron una investigación exhaustiva. El legislador por Santiago, Antonio Marte, advirtió que en el tiroteo incluso resultó muerto un agente policial, lo que obliga a esclarecer los hechos.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) había advertido esta semana que, solo entre enero y abril, más de 50 personas han muerto a manos de agentes policiales en diferentes puntos del país.
La CNDH solicitó que en la investigación participen no solo las autoridades judiciales, sino también la iglesia, la prensa, organizaciones de derechos humanos y otros sectores sociales, para garantizar la transparencia del proceso.