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Derroche sin sanciones

Derroche sin sanciones
Derroche sin sanciones

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El hecho de que los dominicanos no le asignan el debido interés a la corrupción con relación a otros temas de la agenda nacional, según han revelado algunas encuestas nacionales, puede estar relacionado en alguna medida con la falta de un sistema de consecuencias para combatir este flagelo.

En efecto, los ciudadanos observan cómo los actos de corrupción suceden con frecuencia en dependencias de la administración pública, sin que nada pase, a pesar de las denuncias y los manejos irregulares detectados en auditorias de la Cámara de Cuentas.

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Con justificada razón, la directora de ese organismo, Liselot Marte de Barrios, se ha quejado en varias oportunidades por la inacción de otras instancias, principalmente del Ministerio Público y de los tribunales ante el derroche en el manejo de fondos públicos.

Estas auditorías, colgadas en la página web de la Cámara de Cuentas en la práctica no pasan de generar una especie de curiosidad mediática, solo destacadas en toda su magnitud y gravedad cuando son difundidas en trabajos periodísticos.

Pero ni siquiera las denuncias en la prensa tienen ya en el estamento oficial las repercusiones esperadas. Solo se producen defensas y reacciones selectivas que no alcanzan  sanciones concretas para poner término a la impunidad.

Todo esto permite que dependencias del Estado y en los cabildos sucedan, cada vez con mayor frecuencia, escándalos que involucran millones de pesos sin una adecuada rendición de cuentas porque hay funcionarios que actúan como si las instituciones bajo su responsabilidad fueran feudos de propiedad particular.

Estas deficiencias, como la que salió a relucir recientemente en el Ayuntamiento de San Cristóbal con 76 millones de pesos manejado de forma cuestionada y discrecional, se registran también en otras administraciones edilicias y también en ministerios y entidades descentralizadas.

Fuera de lo que esto pueda entrañar en términos de inobservar normas y procedimientos administrativos de control y supervisión, hay que destacar el impacto negativo porque reducen en la capacidad de satisfacer necesidades y garantizar servicios básicos a la población.

Para entender mejor esta anomalía y sus perjudiciales efectos, quizás es conveniente extrapolarla al ámbito hogareño preguntando a un jefe de familia, ¿qué le pasaría a su presupuesto si en un momento dado no pudiera contar, por ejemplo, con la quinta parte de sus ingresos regulares. ¿cómo podría desenvolverse y qué aspectos vitales de su existencia quedarían descubiertos o relegados?

La conclusión es que la lucha contra la corrupción administrativa tiene que ser robustecida, pero no solo con talleres y pronunciamientos esporádicos que solo sitúan el debate en un plano de inútiles resultados.

La conciencia y condena de la gente sobre este fenómeno, que impide combatir la pobreza y usar racionalmente los recursos del Estado, solo podrá ser fortalecida cuando la retórica sea sustituida por sanciones ejemplarizadoras.

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