SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Todos los ciudadanos sin excepción alguna, y con mayor obligación los funcionarios públicos, están en el ineludible deber de ceñirse a los debidos procesos de ley para plantear cualquier objeción dentro de un marco legal y de respeto.
Por esa razón, resulta inexplicable y a la vez inadmisible, que el Vice-presidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) desafíe abiertamente la decisión de un tribunal.
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Ha causado sorpresa, y no es para menos, la afirmación de Rubén Bichara de que la construcción de las plantas a carbón seguirá adelante, pese a que el Tribunal Superior Administrativo acogió un recurso de amparo en contra de la nueva licitación internacional convocada por la CDEEE.
Aunque su argumento es que el tribunal se ha pronunciado sobre la licitación y que esto nada tiene que ver con el proceso de construcción, la forma en que reaccionó no dejó bien en claro cómo se pueden desligar procesos que están íntimamente relacionados. Pero dentro de esto, lo más chocante e incomprensible es que para justificar el desconocimiento a lo dispuesto por el tribunal, Bichara afirmara que detrás del dictamen hay intereses que buscan chantajear a la CDEEE y torpedear el proyecto de las plantas a carbón.
Es cierto que hay resistencia de determinados sectores por el cambio radical que dichas plantas a carbón introducirán en la actual estructura de oferta energética privada, pero ligar en esto al Tribunal Superior Administrativo carece de lógica y de fundamento.
Dentro de sus facultades legales, esa instancia judicial lo que ha hecho es acoger un recurso de amparo que ha considerado atendible, y la CDEEE puede perfectamente usar los canales que la ley prevé para exponer sus argumentos en contra, pero nunca desafiando la decisión.
De lo contrario, se estaría enviando una mala señal a los ciudadanos y al país en general de que aquí las autoridades de cualquier estamento pueden ignorar el imperio de la ley y de la justicia.
La postura de la CDEEE contrasta notablemente con la negativa con que hace dos meses respondió ante un pedido del programa El Informe sobre la entrega de documentos relativos al proceso de licitación. En esa ocasión, la excusa era que debía esperarse la decisión del tribunal, pero ahora, de forma prepotente, no se tomó en cuenta ninguna consideración en ese sentido. El apego a la ley y al orden institucional no puede ser selectivo, eventual, ni mucho menos antojadizo.