Rosario Espinal.
El 4% del PIB para la educación no se inventó en República Dominicana. Fue la cantidad mínima estipulada por expertos en la década de 1990 para comenzar a superar las deficiencias del sistema educativo latinoamericano, y lograr que la educación cumpla con la necesaria función de producir movilidad social y achicar la desigualdad.
En República Dominicana, el 4% del PIB se aprobó en la Ley General de Educación de 1997. Por 15 años la ley fue letra muerta. Gobierno tras gobierno la ignoró o planteó que el Presupuesto Nacional no alcanzaba para cumplir con esa disposición.
La resistencia del gobierno se hizo más notoria cuando la lucha por el 4% tomó fuerza en el 2010. El entonces presidente Leonel Fernández asumió la vocería de que la educación dominicana carecía de calidad no de dinero, mientras la Coalición por la Educación Digna señaló carencias de calidad y cantidad.
El impacto positivo del movimiento social y la decisión del presidente Danilo Medina de aumentar la inversión social, hicieron posible la asignación del 4% del PIB a la educación en el Presupuesto Nacional de 2013.
Era de esperarse que los maestros lucharan por un aumento sustancial de salarios porque 8 mil, 10 mil, e incluso 25 mil pesos mensuales no es salario digno para un profesional que debe gestar capital cultural para enseñar bien. Por eso los maestros necesitan un aumento salarial significativo. A la vez, debe iniciarse un proceso eficaz de evaluación del profesorado para jubilar o cancelar unos, entrenar otros y contratar nuevos docentes calificados. Esta tarea es urgente y vital.
El argumento de no pagar bien porque los maestros no están capacitados es inadecuado y no resuelve nada. Si a pesar de tener títulos universitarios no están bien formados, entonces hay un mal de fondo en todo el sistema educativo dominicano que requiere atención inmediata del gobierno y las entidades educativas. Por otro lado, la práctica de perder horas de clases en reuniones o paros es inaceptable, y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tiene que enfrentar este problema.
Para quienes no son maestros y han desarrollado una posición adversaria hacia el magisterio, la demanda salarial de la ADP es arbitrariedad. Pero no, los salarios actuales son inadecuados. Un profesional capacitado no quiere trabajar por 8, 10, ó 20 mil pesos mensuales porque no podrá vivir como clase media.
El gobierno se ha resistido a aumentar significativamente los salarios y la ADP tendrá que transigir porque si no la culpa recaerá sobre los maestros. No obstante, repito, hay que reconocer que los profesores tienen bajos salarios, al igual que los médicos, policías, y otros que rinden servicios públicos vitales a la población.
La ADP necesita cooperar para poder avanzar con la reforma educativa, pero también tiene que cooperar el gobierno inyectando fortaleza pedagógica al profesorado, mejorando las condiciones laborales, y motivando jóvenes capacitados a ingresar al magisterio.
Los resultados negativos de las pruebas nacionales publicados recientemente son alarmantes: la inmensa mayoría de los estudiantes reprobó. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene el Ministerio de Educación? ¿Qué cuota los maestros? ¿Qué cuota los padres y los estudiantes? Esto debe evaluarse.
El 4% no es solo para salarios, claro que no, pero tampoco es fundamentalmente para la construcción de escuelas. El sector construcción siempre se ha llevado la mejor tajada porque es la vía expedita para beneficiar colaboradores del gobierno de turno. Las aulas son necesarias, pero lo fundamental es la calidad de la educación y los maestros son vitales.
Hay mucho por hacer con el 4%. Manos a la obra.
Artículo publicado en el periódico HOY