El envío a cumplir arresto domiciliario de Alexis Medina y otros implicados en la Operación Anti-Pulpo, tras casi 21 meses en prisión preventiva sin que se haya iniciado aún el juicio preliminar, pone en la mira la lentitud de los procesos judiciales y los frecuentes incidentes presentados por las defensas, de acuerdo con legisladores de distintos partidos políticos.