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16 Abril 2024

Desnudar un santo para vestir otro

Enfoque

No podemos permitir que sigan desnudando un santo para vestir otros, pues lo único que lograremos es estropear más lo que ya está mal.

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En estos momentos en los que el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a seleccionar nuevos integrantes del Tribunal Constitucional ante la próxima expiración del mandato por el cual fueron electos cinco de sus primeros jueces, y que de forma justa y generalizada esta sociedad reconoce los invaluables aportes de su presidente Milton Ray Guevara para organizarlo hasta convertirlo en la institución reconocida que es hoy, tanto en el plano nacional como internacional, y sus encomiables esfuerzos por dar a conocer nuestra Constitución, es ocasión propicia para recordar las numerosas declaratorias de inconstitucionalidad de disposiciones legales decididas por este.

Uno de los ejemplos más notorios es la Ley 33-18 de partidos políticos, la cual probablemente tiene el vergonzoso récord de mayores disposiciones anuladas por el Tribunal Constitucional, en parte porque dado el interés de los representantes de los partidos diligentemente se interpusieron diversos recursos, y con esa misma diligencia fueron fallados, pero también porque es evidente que muchos de nuestros legisladores no conocen a plenitud los mandatos de nuestra Constitución, o porque a pesar de conocerlos deciden aprobar leyes que los violan.

La descentralización es uno de estos mandatos consagrado en el artículo 204, el cual establece que el Estado debe propiciar la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, lo que a pesar de la creación de una mesa de descentralización por la pasada administración, y de un gabinete de descentralización mediante el decreto 734-22 por la presente, no solo no ha sido cumplido, sino que constantemente se dan golpes y señales que lo contradicen, y buscan la recentralización.

Nuestros ayuntamientos continuamente han sufrido de no recibir los recursos necesarios y se les ha ido eliminando muchas de sus funciones naturales y modalidades de generación de ingresos, lo que en parte explica el desorden y descuido de muchas de nuestras ciudades, pues en vez de haber gobiernos locales que como en muchas otras partes del mundo estén a cargo del tránsito, la limpieza, las emergencias, el ornato, entre otros servicios públicos, tenemos múltiples instituciones gubernamentales haciendo cada una por su lado lo que entiende, sin una visión, planificación y concepto unificados.

La Ley 63-17 de movilidad y transporte no solo restó facultades a los ayuntamientos para dárselas al nuevo órgano creado por esta, el INTRANT, sino que decidió también excluirlos de la distribución de los ingresos obtenidos por el cobro de las multas, dándole un 75% a la Procuraduría General de la República y el 25% restante al INTRANT, contrario a lo que se había consensuado, y como sabemos el problema del tránsito no ha mejorado.

Todos valoramos la labor y entrega de nuestros bomberos, y muchos aspiramos a que estos tengan las condiciones, equipos y recursos necesarios para poder llevarla a cabo con dignidad y seguridad, pero no debemos pensar que para poder lograrlo tenga que crearse una Dirección General de Bomberos, despojando a los ayuntamientos de otra de las pocas competencias propias que le restan, ni que para garantizar mejores condiciones y administración de nuestros cementerios, tenga que crearse una dirección de cementerios, lo que únicamente aumentaría el tamaño del gobierno central, cuando lo que se tiene que buscar es reducirlo transfiriendo a nivel local los recursos, los mismos que intentan asegurar creando nuevos entes parte de este, como si fuera la única posibilidad de tener acceso a estos.

Sorprende que nuestros congresistas que se supone son conocedores de los mandatos de nuestra Constitución, y que están obligados a cumplirla, continúen empeñándose no solo en seguir debilitando a nuestros gobiernos locales, sino la institucionalidad, dedicándose por fines políticos a promover proyectos violatorios a esta como los que buscan crear esas direcciones, en vez de concentrarse en otras reformas urgentes como la de la Ley de Seguridad Social. No podemos permitir que sigan desnudando un santo para vestir otros, pues lo único que lograremos es estropear más lo que ya está mal.

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