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Desvinculan al hijo del presidente Duterte de un caso de drogas en Filipinas

Desvinculan al hijo del presidente Duterte de un caso de drogas en Filipinas
Desvinculan al hijo del presidente Duterte de un caso de drogas en Filipinas

MANILA.- La oficina del Defensor del Pueblo de Filipinas desvinculó hoy a Paolo Duterte, hijo del presidente filipino, Rodrigo Duterte, de un caso de drogas relacionado con el envío al país de un cargamento de metanfetamina.

“Las denuncias contra el ex vicealcalde de la ciudad de Davao, Paolo Duterte, y el abogado Manases Carpio han sido desestimadas por falta de base”, anunció en un comunicado la Oficina del Defensor del Pueblo.

El letrado Carpio está casado con Sara Duterte, hija del mandatario filipino.

Paolo, de 43 años, había sido señalado como uno de los intermediarios en la recepción de un cargamento de 604 kilos de clorhidrato de metanfetamina procedente de China por valor de unos 125 millones de dólares (104 millones de euros).

La carga entró en el país con la presunta connivencia del servicio de aduanas y posteriormente fue incautada por la policía, lo que desató un fuerte escándalo en la nación en plena “guerra contra las drogas”, como se conoce a la campaña del presidente Duterte para acabar con el narcotráfico y el crimen relacionado.

La investigación sobre la posible implicación en este caso de los dos familiares del jefe de Estado se basa en la declaración de dos funcionarios de aduanas y del senador Antonio Trillanes, uno de los más feroces opositores de Duterte.

Tras una primera investigación, un comité del Senado concluyó en agosto del año pasado que no existían pruebas que implicasen a Paolo Duterte en la operación de narcotráfico, de modo que la decisión tomada hoy por el Defensor del Pueblo le desvincula completamente por el momento.

El jefe de Estado filipino prometió a su llegada al poder el 30 de junio de 2016 que presentaría su dimisión si se probaba que cualquier miembro de su familia estaba vinculado al negocio de las drogas.

La “guerra contra las drogas” ha causado desde su comienzo, tras la investidura, más de 4.100 muertos a manos de la policía, según datos oficiales, y otros 3.000 a manos de particulares. 

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