Estas estadísticas, que excluyen a los nacionales haitianos repatriados, reflejan un notable aumento en la eficiencia operativa de la institución. Además, se enmarcan dentro del compromiso de la DGM con la seguridad nacional, el respeto a los derechos humanos y la legalidad migratoria.
SANTO DOMINGO.– En un año marcado por desafíos migratorios globales, la Dirección General de Migración (DGM) ha deportado a 93 extranjeros procedentes de 31 países de América, Europa, Asia y África, por encontrarse en condición migratoria irregular en territorio dominicano.
Estas estadísticas, que excluyen a los nacionales haitianos repatriados, reflejan un notable aumento en la eficiencia operativa de la institución. Además, se enmarcan dentro del compromiso de la DGM con la seguridad nacional, el respeto a los derechos humanos y la legalidad migratoria.
Los países de destino según la cantidad de personas deportadas fueron: Estados Unidos (29), Venezuela (10), Cuba (8), China (5), Francia (4), así como México, Polonia, Alemania, Rusia y Puerto Rico con 3 cada uno, y República Checa (2).
Además, se deportó una persona por país desde: Lituania, Rumanía, Albania, Hungría, Nigeria, Jamaica, Nicaragua, Colombia, Chile, Guatemala, Perú, Ucrania, Uruguay, Panamá, India, Irán, Hong Kong, Yemén e Islas Turcas y Caicos.
Los costos de estas deportaciones fueron cubiertos íntegramente por la Dirección General de Migración.
Estas cifras reflejan la capacidad operativa de la DGM para identificar, verificar e intervenir en casos de migración irregular. Las acciones se ejecutaron conforme a protocolos estandarizados, que incluyen revisión documental y verificación de identidad.
Asimismo, la DGM, con apoyo de las fuerzas de seguridad ciudadana, ha reforzado la vigilancia en zonas fronterizas y puntos críticos, facilitando la detección temprana de desplazamientos no autorizados y reduciendo riesgos en comunidades vulnerables.
La eficiencia de la DGM no solo se refleja en el número de deportaciones, sino en su capacidad para restablecer el orden en comunidades afectadas por flujos migratorios irregulares.
La institución ha consolidado un marco de actuación responsable, que busca equilibrar la seguridad nacional con el respeto a la dignidad humana, en conformidad con los tratados internacionales y la normativa vigente en la República Dominicana.
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