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Diálogo R.Dominicana y Haití transita el difícil camino de la definición

Diálogo R.Dominicana y Haití transita el difícil camino de la definición
Diálogo R.Dominicana y Haití transita el difícil camino de la definición

26959-bandera haitiana y bandera dominicanaSANTO DOMINGO.– Las negociaciones al más alto nivel que sostienen desde enero pasado la República Dominicana y Haití, con acuerdos económicos, medioambientales y de seguridad, han avanzado también hacia senderos peliagudos, tal y como habría de esperarse entre dos vecinos histórica y culturalmente separados.

La complejidad de estas discusiones y los variados intereses que en ellas se debaten, tienden a profundizarse a medida que ambos países se acercan a definir el punto que dio origen a este diálogo: la situación de miles de haitianos residentes en República Dominicana afectados por un fallo constitucional.

El domingo pasado, el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, jefe negociador por su país, hizo público a través de su cuenta de Twitter, que la próxima ronda de negociaciones entre las dos naciones, a celebrarse inicialmente el 8 de abril pasado, se había pospuesto para el 6 de mayo próximo.

Horas después, el Gobierno dominicano confirmó esa información y remachó que la suspensión obedecía a una petición expresa de Haití ante los más recientes cambios introducidos en su Gabinete, que incluyen un nuevo canciller, el cual necesitaría tiempo para empaparse de las negociaciones.

Al día siguiente, el jefe negociador dominicano y ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se esforzó en negar que la nueva suspensión obedeciera a que aún su Gobierno no haya elaborado y enviado al Congreso, un proyecto de ley especial que resuelva el problema de las personas nacidas en el país, pero que carecen de documentación.

Sin embargo, amplios sectores dominicanos, incluidos reputados analistas políticos y juristas de viejo cuño, consideran que la real intención de Haití, al pedir y obtener una nueva suspensión, es la de presionar a República Dominicana para que haga pública la bautizada “ley de naturalización”, y más aún, que esta iniciativa signifique una amnistía para los haitianos indocumentados.

Se recuerda, que a raíz de la maratoniana segunda ronda de negociaciones celebrada entre el 3 y el 4 de febrero pasados, el Gobierno dominicano se comprometió a enviar ese proyecto al Congreso, mientras que Haití haría lo propio para agilizar la emisión de pasaportes y registro civil a sus nacionales, tanto en puestos fronterizos como en los consulados haitianos en República Dominicana.

Desde entonces, el tercer encuentro de alto nivel ha sufrido tres suspensiones, mientras el presidente dominicano, Danilo Medina, se ha tomado las dos últimas semanas para consultar a los líderes políticos y religiosos del país, antes de estructurar el proyecto de ley especial que enviará a las cámaras legislativas.

Medina, a quien la más reciente encuesta de la firma internacional Mitofsky acaba de confirmar como el presidente mejor valorado de América, esta vez con un 90 por ciento de aprobación, ha decidido colocar todo ese liderazgo al frente de las relaciones con Haití.

“Hay presión internacional, ustedes lo ven todos los días. Mucha gente está de acuerdo con lo que dispone la sentencia, otros no. Pero el problema de nosotros no es presión, es la propia convicción de lo que tenemos que hacer y en eso es que estoy con el liderazgo del país, consultando”, expresó el gobernante al inicio de las reuniones con los líderes locales.

Esa “presión internacional” a la que se refirió el jefe de Estado la encabezan organismos como el Caricom y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que condenan la sentencia inapelable emitida en septiembre pasado por el Tribunal Constitucional local, que define los parámetros para acceder a la nacionalidad, y que afecta a miles de haitianos y sus descendientes en condición de irregulares en el país, que exigen ser reconocidos como dominicanos.

A raíz de ese fallo, República Dominicana y Haití vieron deteriorar seriamente sus relaciones históricamente difíciles, aunque la intervención de aliados como Venezuela colocó a estos vecinos a sentarse en la mesa del diálogo con el propósito de alcanzar acuerdos “históricos” que en la práctica dependerán del éxito o el descalabro por el que se decante el tema migratorio, el meollo del asunto.

Lo que parece claro es que el presidente Medina ha logrado concitar el apoyo del liderazgo nacional previo a la elaboración del proyecto de ley especial, que sectores nacionalistas han advertido de que tiene que estar apegado a lo dictado por el Tribunal Constitucional.

Mientras, los sectores defensores de los residentes haitianos arrecian su ofensiva internacional y local para que la “ley de naturalización” otorgue a estos la ciudadanía dominicana que consideran merecer.

A medida que pasan los días crecen las expectativas sobre el contenido del proyecto de ley que finalmente enviará el Poder Ejecutivo al debate congresual, y de si esta pieza significaría la solución definitiva a un problema que por decenios se ha ido incrementando ante la vista gorda de los dos países

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