La dictadura institucional está en pleno despliegue, garantizándole a Leonel Fernández el actual control del poder ejecutivo (hasta el 2012) y del legislativo, judicial, electoral, cámara de cuentas y tribunal constitucional (hasta el 2016).
Esta realidad institucional está acompañada de una notoria superioridad al interior de la “dictadura mediática” impuesta por el sistema nacional de medios de comunicación, porque en esa vertiente el leonelismo cuenta con una “cuota” impresionante a través medios oficiales, medios propios, medios sobornados, publicidad oficial, periodistas comprados y empresarios favorecidos por vías indirectas.
También esa realidad está reforzada por el control de las cúpulas militares y policiales a través de privilegios, sobornos, asociaciones permitidas con los cárteles de la droga y la construcción, tráfico de influencias a favor de los preferidos y todas las variantes delictivas explotables desde los órganos encargados de prevenirlas, perseguirlas y sancionarlas.
- Nuevos amarres orgánicos a nivel militar.
En lo militar-policial al parecer el presidente Fernández ha considerado necesario avanzar más con un nuevo “amarre institucional” que posibilite armonizar sus leyes orgánicas con su poder personal y su empeño en su continuidad en la Presidencia de la República después del 2012, montado sobre una dictadura institucional que incluya además las bases legales de la FFAA y la PN.
Eso –y no otra cosa- explica su reciente reunión con oficiales de promociones militares y policiales con veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco y más años de servicios, donde anunció nuevas leyes orgánicas para las FFAA y para la PN. Se trata de la alta oficialidad o lo llamados mandos “superiores”.
El pretexto -así fue en el tema de la Constitución- es la necesidad de “modernizar” y “actualizar” esos cuerpos, mientras que su intención real es instrumentalizarlos más aun y de adecuarlo a toda la trama “legal” de la dictadura institucional en marcha.
El Presidente Fernández alegó cínicamente el “desafío del narcotráfico” en momentos en que él es el principal garante de la existencia de un narco-Estado y un narco-gobierno en nuestro país.
Subrayó la imposibilidad de dotar de mejores salarios al conjunto militar-policial en un escenario de oficiales superiores para los que el salario representa casi nada frente a sus ingresos extraordinarios vía corrupción, tráfico de influencia, privilegios y favores.
En el fondo el presidente estaba excusándose frente a las bases militares empobrecidas, para las cuales solo hay sueldos de miseria y muchas penurias. Y es que a él solo le interesa, y solo puede controlar las FFAA y la PN por arriba: comprando y sobornando sus cúpulas, mientras empobrece, dispersa y desarticula sus bases.
Con esto, el “asalto” a las instituciones y al patrimonio nacional se profundizará y ampliará; y solo se detendrá si el pueblo (uniformado y no uniformado) se decide a ponerle coto y término a esta infame situación desde una progresiva y ascendente insubordinación a favor de una nueva institucionalidad, de un nuevo sistema político y una democracia participativa e integral, surgida de un proceso constituyente protagonizado por toda la sociedad.
Aceptar esta institucionalidad es aceptar la dictadura diseñada.
Respetar las jerarquías y leyes orgánicas leonelistas es contribuir a un poder militar-policial funcional a esa dictadura institucional.
La transformación democrática pasa por desconocer la Constitución actual, las leyes derivadas, las instituciones surgidas de los procesos adicionales y la partidocracia que las controla.
A Leonel y a la “clase política” dominante hay que darle una “sorpresa” anunciada, construida al calor de nuevas luchas y nuevas propuestas.