HERMANAS MIRABAL.- El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal le fue impuso como medida de coerción garantía económica y presentación periódica a dos agentes de la Policía Nacional acusados de agredir a un hombre el pasado 12 de julio mientras éste compartía con otras personas en un colmado de la localidad de Sabana Angosta del municipio de Villa Tapia.
Dispuso que los agentes Joel López Alcántara y Johan Sánchez Paniagua paguen una garantía económica de 10,000 pesos en efectivo cado uno y firmen un libro récord por ante la Fiscalía de esta provincia una vez al mes por espacio de 6 meses, por los hechos que se les imputan de atentar contra la vida de un ciudadano que se encontraba en un espacio público de la comunidad.
Además, los agentes policiales deberán mantenerse alejados de la víctima, cuyo nombre ha sido omitido para preservar su identidad.
En torno al hecho, el Ministerio Público señaló que la víctima se encontraba compartiendo con unos amigos en un colmado de la referida localidad, cuando llegaron los uniformados que formaban parte de una patrulla de la Policía Preventiva del municipio Villa Tapia y argumentando que no podían estar aglomerados, procedieron sin mediar palabras a esposarlo y montarlo en el vehículo de la Policía.
Se informó, además, que los agentes luego que detuvieron a la víctima procedieron a golpearlo brutalmente cuando este intentó recoger una cartera que se le había caído, acción que continuó de manera violenta con mayor intensidad, golpeándolo con las puntas de los pies en diferentes partes del cuerpo a consecuencia de lo cual tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud de esta demarcación.
De acuerdo al certificado médico legal la víctima sufrió trauma contuso a nivel de genitales, abdomen y tórax con lesiones y complicaciones curables en 45 días.
Ministerio Público luego de presentar evidencias documentales y testimoniales en el transcurso de la investigación procedió con su sometimiento a la justicia por la violación a las disposiciones de los artículos 303, 303-3 párrafo 8 y el 309 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la víctima.
La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, el cual señala que la víctima al momento del conocimiento de la medida de coerción desistió del proceso seguido en contra de los imputados, mientras que el Ministerio Público continuó con el mismo por tratarse de una acción penal de orden público, logrando la imposición de las medidas de coerción.