Mientras algunos legisladores nos presentan este vergonzoso panorama, también hay regidores que tienen el descaro, de admitir públicamente que es válido recibir un soborno para aprobar un permiso o concesión.
SANTO DOMINGO.- El uso irresponsable de los recursos públicos, ósea el dinero que aporta el contribuyente con sus impuestos, es una cultura que no ha cambiado en el país con los años, a pesar de las proclamas, a veces sinceras, en otras ocasiones puro montaje y en todos los casos esfuerzos fallidos.
Los congresistas siguen recibiendo bonos especiales, como los 300 mil pesos entregados con el pretexto del pasado día de las madres y el barrilito y el cofrecito, que no han podido ser eliminados, a pesar de reclamos de la sociedad.
Algunos legisladores buscan justificaciones, pero no logran convencer a nadie porque demás está demostrado que todo eso se aparta de sus obligaciones y con su actitud solo logran irritar a la opinión pública que quiere un país justo y decente.
Mientras algunos legisladores nos presentan este vergonzoso panorama, también hay regidores que tienen el descaro, de admitir públicamente que es válido recibir un soborno para aprobar un permiso o concesión.
Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces escuchen en su propia voz lo que admitió en una entrevista este regidor de Higüey y que se hizo viral en las redes por la justificación de un hecho claramente ilegal.
Aunque el regidor ha salido a hacer algunas aclaraciones, diciendo que hablaba de forma figurativa poniéndose como ejemplo, claro luego del escándalo, esto solo ha logrado complicar más las cosas en cuanto a la imagen de su persona y aumentado la indignación de la ciudadanía.
Lamentablemente, hemos llegado ya a un estado de descomposición social en que los funcionarios no sólo no actúan ajustados a la ética, sino que ni siquiera guardan las formas para cuidar de sí mismo y respetar a los ciudadanos.
Todo esto ocurre además porque como tantas veces se ha dicho hasta el cansancio, no contamos todavía con un sistema de consecuencias que funcione eficazmente en la práctica.
Estamos cansados de promesas. La lucha contra la corrupción y el adecentamiento de la vida pública tiene que lograrse porque este país no admite más demoradas.
