SANTO DOMINGO.– El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia de Azua, Luis Vargas, sometió un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados con el objetivo de instruir a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a realizar auditorías financieras a la gestión del Colegio de Abogados correspondiente al periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2020.
“Esta auditoría es una ordenanza de la resolución 0138224 de 2016 y la decisión 086 de 2019, del Pleno de la CCRD, la cual requiere a la Procuraduría General de la República a investigar la denuncia presentada por dicha institución con fecha de 12 de agosto de 2020”, sostuvo Vargas.
El diputado aseguró que el Colegio de Abogados está en desacato con la ley porque ha buscado todas las justificaciones para evadir la auditoría de la Cámara de Cuentas.
“Hoy en día, Surún Hernández no ha depositado la declaración jurada de bienes que se le requiere a todos los que administran fondos”, finalizó.
Asociaciones de abogados y miembros del Colegio de Abogados han denunciado reiteradamente que el presidente de ese gremio, Miguel Surún Hernández, no ha rendido cuentas de los casi 700 millones de pesos que ha manejado desde que ocupa hace cinco años esa posición.
El vocero de los colectivos, el abogado Johnny Hiciano, ha afirmado que Surún Hernández ha impedido que la Cámara de Cuentas le realice auditoria a su gestión, lo que evidencia una franca violación al artículo 40 de la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas y a los artículos 74 y 75 de la Ley 3-19, por no haber presentado sus declaraciones juradas.
“El Colegio de Abogados tiene una deuda de 8,000,000.00 millones de pesos con el señor Surún Hernández, quien aun siendo presidente del CARD, dice ser proveedor del mismo sin estar inscrito en la Dirección General de Contrataciones Públicas”, aseguró Hiciano.
Los abogados hicieron un llamado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y a su director, Wilson Camacho, a fin de que inicien las investigaciones en contra de Surún Hernández y Elsa Alvarado, esta última tesorera del CARD.
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