Miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, denunció la existencia de mafias de fiscales conjuntamente con abogados, quienes desacatando sentencias de los tribunales, estarían utilizando la fuerza pública para incautar inmuebles, licitarlos, comprarlos y obtener ganancias de millones de pesos de manera ilegal.
Citó el caso de Moraima Mañón Inirio, que trabaja con su familia, y quien compró el apartamento 1D, residencial Don Pedro, en Los Ríos, del Distrito Nacional, que fue víctima de un allanamiento erróneo hace tres años por parte del Procurador fiscal Manuel R. De La Cruz Paredes, encargado del Departamento de la fuerza pública de la Fiscalía del DN y a pesar de tener tres sentencias a su favor todavía no ha podido recuperar su inmueble.
Tobías Crespo, tras pedir al Ministerio Público investigar al Procurador fiscal Manuel R. De La Cruz Paredes, dijo que la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, parece que no tiene tiempo para este caso, ya que la ha visitado y llamado en cinco ocasiones y no ha tenido ninguna respuesta.
El congresista indicó que la joven Moraima Mañón Inirio adquirió su apartamento con mucho sacrificio, con préstamos, tomando todas las precauciones para hacer su compra apegada a los parámetros, las garantías y la seguridad jurídica que se supone ofrecen las leyes y los procedimientos en la República Dominicana.
El miembro del CNM pidió al presidente Luís Abinader intervenir para que a Moraima Mañón Inirio le entreguen su apartamento en el mes de diciembre, ya que el Procurador fiscal Manuel R. De La Cruz Paredes, al parecer tiene más poder que la Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo; la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso y que todo el sistema de justicia. «Sino dejemos de justicia, dejemos de CNM, porque entonces para qué sirve ir a la justicia, a pedir justicia, tener sentencia y que un fiscal desacate las decisiones de tres sentencias de lo irrevocablemente juzgado. No hay seguridad jurídica y no hay estado de derecho».