Diputados aseguran se violaron procedimientos legislativos en Ley 1-24 de la DNI
Congreso Nacional
La bancada peledeísta solicitó al poder ejecutivo que no aplique la ley hasta tanto se establezca un reglamento que derogue la misma o que el Tribunal Constitucional mediante sentencia emita una decisión.
SANTO DOMINGO.– A casi un mes de que se aprobara en la Cámara de Diputados la controvertida ley que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el fondo y el método de aprobación de la pieza salen a relucir en el Congreso Nacional por parte de la oposición, que aseguran se violó el debido proceso legislativo, aunque ellos también votaron a favor de la normativa.
Un cambio de último minuto en el artículo 11 de la Ley 1-24 eliminó la figura del juez para el DNI requerir información a personas.
El Partido de la Liberación Dominicana denunció este miércoles que el informe entregado a la bancada peledeísta estipulaba claramente que esas prerrogativas eran condicionadas a la orden de un juez, por lo que lo aprobado no fue lo discutido en el seno de la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas.
Pero al parecer la modificación sorprendió a los diputados de la oposición, quienes votaron por la promulgada pieza, aunque algunos se abstuvieron y otros no acudieron a la sesión del 29 de diciembre del pasado año, cuando se aprobó la normativa legal.
El único de los diputados presente en el hemiciclo que votó en contra la ley fue el vocero de la bancada del Frente Amplio, Juan Dionicio Restituyo.
En el oficialismo aseguran que todo lo aprobado fue debidamente consensuado.
Momentos antes de la aprobación de la ley, hace 26 días, el presidente de la comisión que estudió la pieza, el oficialista Ramón Bueno, anunció ante el pleno que tenía una modificación al texto del artículo 11 y cuando procedía a leerla, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, frenó el proceso y dijo que se le daría lectura por secretaría.
La bancada peledeísta solicitó al poder ejecutivo que no aplique la ley hasta tanto se establezca un reglamento que derogue la misma o que el Tribunal Constitucional mediante sentencia emita una decisión.
