Directivos de Pentatlón malversaron millones en lujos, indica Ministerio Público

Este miércoles la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó por segunda ocasión el conocimiento de solicitud de medida de coerción a ambos federados que se encuentran detenidos desde el pasado viernes.

Santo Domingo. – Malversación de millones de pesos en lujos, gastos personales y asociaciones fantasmas son algunas de las acusaciones que pesan contra el presidente y tesorero de la Federación de Pentatlón Moderno.

Este miércoles la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó por segunda ocasión el conocimiento de solicitud de medida de coerción a ambos federados que se encuentran detenidos desde el pasado viernes.

En sus roles de presidente y  tesorero de la Federación  de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez y Evaristo Ozoria Rodríguez habrían simulado gastos generales y administrativos para desviar más de tres millones 90 mil pesos en múltiples cheques a sus nombres, según el expediente acusatorio de más de 750 páginas del Ministerio Publico.-

El órgano persecutor detalla que la compra de boletos aéreos para su esposa, neumáticos, repuestos y pagos de pólizas de vehículos y  servicios médicos, fueron algunos de los usos que supuestamente le habrían dado ambos federados a los recursos que recibió la Fedopem del Ministerio de Deportes.

La Pepca sostiene que para estafar al Estado Núñez y Ozoria realizaban aportes a clubes y asociaciones fantasmas en las provincias Santo Domingo, María Trinidad Sánchez  y Puerto Plata.

 Además señala que bajo la gestión de Núñez, quien es Capitán de fragata Retirado de la Armada, la Federación manejaba una nómina en la que figuraban miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Dominicana.

La fiscalía alega que entre el 2020 y 2023 el Ministerio de Deportes desembolsó más de 19 millones 300 mil pesos a la federación, sin que en ese periodos sus funcionarios hayan rendido un informe al Ministerio de Deporte, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto o la Contraloría General sobre la ejecución del presupuesto.

El Ministerio Público pide prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.