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Director de Partidos JCE: la prioridad de la Ley de Partidos es la democracia interna

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director del Departamento de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral (JCE), Guarino Cruz, alegó que la prioridad del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es la democracia interna, por encima, incluso, del respeto a la autonomía de los partidos.

El concepto de soberanía, que se aplica al de autonomía, clásicamente considerado como indivisible y absoluta, hoy ha sido reformulado por el de una soberanía compartida. En ese sentido, Cruz enfatizó que “no todas las intervenciones son malas, hay intervenciones que son necesarias y que son constitucionales también, que los partidos políticos deben respetarlas”.

Entrevistado por Omar Pérez, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Cruz sostuvo que como la legitimidad de los partidos la garantiza la Junta Central Electoral (JCE), “tienen que aceptar que se fiscalicen los fondos y las asambleas, que se exija un listado de la militancia, entre otras cosas”.

Cruz se mostró contrario a la opinión de algunos sectores políticos que sostienen que la aprobación de la Ley de Partidos favorecería al bipartidismo, debido a que contempla la prohibición de que las organizaciones concurran aliadas en su primera participación electoral, y también la eliminación de la representación municipal como garantía suficiente para mantener el reconocimiento.

Alegó que “en el país hay 26 partidos legalmente reconocidos a los que no se les aplicará esta medida”, y que “26 partidos son muchos para un país como la República Dominicana”.

El entrevistado también se refirió a los avances del proyecto respecto a la transparencia. “La Ley contempla la cuenta única, que permitiría establecer cuánto dinero recibió cada partido del Estado e identificar el destino de las erogaciones”.

Sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, Cruz consideró que el proyecto no es claro, “ya que no dice de manera expresa cuáles entran dentro del 80% de los fondos y cuáles dentro del 20%. No sé si fue una salida inteligente del proyecto dejar a la clase política que defina eso”, enfatizó.

Respecto a la interrogante de cómo podría sancionarse el transfuguismo sin que constituya un atentado a la libertad política de los miembros de los partidos en su derecho de cambiar de preferencias, Cruz considera que buscarle una solución al transfuguismo es tarea de los partidos, no de la ley, “pues no se puede vulnerar un derecho fundamental como es la libertad”.

“En España, como no pueden violar la Constitución, con el transfuguismo lo que se hizo fue que los partidos políticos se pusieron de acuerdo en no aceptar militantes de otro partido en medio de un proceso electoral o de una campaña, sino después de un tiempo específico, así se les respeta el derecho constitucional de irse para cualquier otro partido”, añadió.

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