Director de Titulación, Mérido Torres, dice demandará por difamación

Santo Domingo.- El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado,  Mérido Torres,  es mencionado por el Ministerio Público en el expediente del caso de presunta corrupción denominado  Operación Calamar.

De inmediato el funcionario aseguró este jueves  a Noticias SIN que interpondrá una demanda.

El documento detalla que  alegadamente  Mérido Torres, habría recibido más de 32 millones de pesos por expropiación de terrenos públicos. (DOP 32, 065,992.)

Dicha partida, señala el órgano persecutor, es con relación a los procesos de pago por concepto de expropiación de los terrenos de una parcela en Boca Chica, toda vez que dan fe de que las mismas no responden a la existencia de ninguna deuda cierta, líquida y exigible, sino como medio de chantaje o condición sine qua non, a las cuales tenían que acceder los reclamantes, supuestos sucesores de los terrenos.

Este jueves vía telefónica empleados del funcionario informaron a Noticias SIN que se reunirían con sus abogados ya que asegura,  se trata de una campaña sucia en su contra, pero aclaró que “no tiene nada que temer” ya que ha “actuado conforme a la ley”

De igual forma, el expediente indica que Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor General de la República, es acusado de autorizar pagos basados en cesiones de créditos” y de aprobar órdenes de pago de terrenos expropiados supuestamente “sin ningún control, a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos”

Agrega que Caamaño Santana fue el funcionario idóneo con el que la estructura contaba a los fines de agilizar los libramientos, logrando los desembolsos con la mayor fluidez y mínimos controles internos, por lo cual dicho imputado percibía un 2% de todos los pagos irregulares que fueron ejecutados por concepto de terrenos expropiados, en el ínterin de los meses comprendidos entre enero a julio del año 2020.

Destaca la PEPCA que con relación al exministro de Hacienda, Donald Guerrero,   la mayoría de los actos ilícitos cometidos por el imputado por el exfuncionario acontecieron en el año 2020, en pleno periodo electoral, entre los meses enero-julio, durante los cuales, alegadamente logró estafar al Estado dominicano a través de múltiples libramientos de pagos por concepto de “deuda administrativa”, en virtud de “procesos irregulares de contratos de compra y venta de inmuebles”, de “expropiación de terrenos”, y “cesiones de créditos”, teniendo el período de tiempo indicado las características particulares de la declaración de emergencia por la pandemia SARS- COVID-19.

Detalla el MP que el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones y acciones, precisas y directas, del ministro de Hacienda, para ese entonces el imputado Donald Guerrero, realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones de pesos por la cantidad aproximada de más de  31 mil 147 millones de pesos,  (31,147,053,422.15), de los cuales alegadamente lograron sustraer aproximadamente DOP 11,962,123,823.02.

Asegura el MP que la estructura criminal de corrupción desvió miles de millones de pesos de las arcas públicas para el beneficio de intereses particulares de los funcionarios corruptos, así como de las personas físicas y jurídicas del sector privado vinculadas a ellos.