SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La directora ejecutiva de Participación Ciudadana reclamó a los legisladores cumplir con su función de legislar y de control y fiscalización de los fondos públicos en representación del pueblo dominicano. Demandó, además, sentido común al momento de decidir sobre los topes de US$100,000 asignados en el Presupuesto Nacional a la exoneración para la importación de vehículos, tope rechazado por los legisladores por considerarlo “derechos adquiridos”.
Los derechos adquiridos pueden ser revertidos cuando se desvirtúa la razón de ser por el cual se originaron los mismos (nunca se aprobó para la compra de vehículos de lujo) o cuando va en detrimento del bien común, de la confianza legítima y la seguridad jurídica de la sociedad dominicana, argumentó la abogada y profesora universitaria.
Los derechos adquiridos representan un beneficio real y consumado no es un beneficio antojadizo ni particular ni mucho menos con fines de lucro como es el caso de los vehículos de lujo que adquieren nuestros legisladores a cargo de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Rosalía Sosa Pérez recordó que Participación Ciudadana interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia el 2 de septiembre del 2010 contra la Ley No. 57-96, que exonera a los legisladores del pago de los impuestos de importación de vehículos de lujo en perjuicio del Estado dominicano y en franca violación de la Constitución.
La referida acción fue traspasada al Tribunal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia el 31 de enero del 2012. Por tal motivo, la organización de la sociedad civil reintrodujo la acción de inconstitucionalidad el 2 de septiembre del 2012 y hasta la fecha no ha recibido respuesta del alto tribunal constitucional.
Para la organización de la sociedad civil constituyen irritantes los privilegios con que cuentan los legisladores a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos. “Nos cargan las exoneraciones de vehículos de lujo, el barrilito, el cofrecito, las canastas y los bonos navideños, los reyes, las madres, las ayudas mensuales y especiales, erogaciones que no tienen que ver absolutamente con su función constitucional de legislar”, puntualizó Sosa Pérez.
El presupuesto debe estar muy de la mano con las funciones que desempeñan las instituciones, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, y hasta la fecha, salvo que tengan la insensatez de situarla dentro de las facultades propias de la función legislativa, no es atribuible la de beneficios o privilegios irritantes a cargo de los recursos de los contribuyentes dominicanos, agregó la representante de la sociedad civil.
