SANTO DOMINGO.- Fusiles y pistolas de diferentes marcas y calibres sin registro, miles de cápsulas, cientos de cargadores y hasta radios de comunicación confiscados forman parte de casos que están bajo investigación en la Inspectoría del Poder Judicial.
Se trata de hechos que el Ministerio Público califica como graves señalando a los vinculados como participantes del crimen organizado.
Sin embargo, fiscales dicen que los sospechosos salen por la puerta grande al recibir garantías económicas como medidas de coerción.
Los casos en manos del poder judicial forman parte de una indagatoria que incluyen 18 provincias.
Proyecciones iniciales de las autoridades, podrían indicar que en los Distritos Judiciales en los que se otorga la libertad a los imputados de microtráfico, sin importar antecedentes ni comportamiento procesal de los mismos, son los que tienen más alta tasa de criminalidad.
En una comunicación de marzo dirigida a la Directora de Persecución del Ministerio Público, con copia al entonces Director de Inspectoría, la procuradora fiscal de la provincia Duarte informa sobre los escritos de actuaciones de jueces de Jurisdicción de la Regional Nordeste y Solicitud de Investigación a la Inspectoría y Consejo del Poder Judicial.
En el documento, la magistrada Smaily Rodríguez denunció 11 casos, incluyendo tres con armas de fuego de alto calibre que se produjeron en ese demarcación en apenas dos meses entre enero y marzo.
Smaily Rodriguez, Procuradora Fiscal Titular de la Fiscalía de Duarte en Procuraduría General de la República dice: «Esto resulta gravísimo. Es un tema que nosotros como Ministerio Público, no solamente hemos manifestado a nuestro superior, sino que nosotros los hemos referido en varias instancias y en diversos escenarios, porque entendemos que es un tema a tratar, a trabajar y a que tenga oportunidades de mejora, sobre todo para la provincia de San Francisco de Macorís, que entendemos merece grandes y mejores sitiales de justicia».
Igual ocurre en Santiago, donde del procurador Fiscal de esa Provincia, también ha inviado informes a las diferentes instancias, por casos de armas de alto calibre que incluyen más de siete cápsulas y pertrechos militares traídos al país, según las autoridades, a través una empresa de envíos desde Estados Unidos, pero dieron libertad bajo fianza a los implicados. También se ha quejado de otros siete casos, incluyendo la operación Falcon, donde han variado las medidas de coerción.
Osvaldo Bonilla, titular de la Fiscalía de Santiago, señala que les preocupa bastante que decisiones como estas se estén dando de manera ligera en casos de tanta magnitud y de tanta complejidad.
“Sí, ciertamente tenemos conocimiento de esos informes” dijo a El Informe con Alicia Ortega Jacinto Castillo Moronta es el Inspector General del Poder Judicial.
“Estamos apoderado de algunas de esas decisiones. De hecho, la fiscal de SFM nos ha apoderado de algunas. Hay algunos de esos casos que tiene consejero de la instrucción, hay otros que están en proceso de investigación y hay otros que ya se han cerrado. Es decir, que todo lo que se ha presentado como denuncia se investiga y se le da una respuesta”, expresó.
Castillo Moronta dice que en 2019 recibieron unas 600 denuncias contra empleados incluyendo jueces, alguaciles ordinarios, letrados y Oficiales Públicos. La cifra dice bajo a la mitad en 2020 por la pandemia, pero nuevamente aumentó en 2021 y este año.
“Es importante que sepa que en los últimos tres años el Consejo del Poder Judicial ha conocido 20 audiencias a jueces, de esas 20 audiencias sólo en un caso, solo en uno no se impuso sanción».
En los últimos tres años de los juicios disciplinario que se han conocido, se han llevado a cabo seis, siete destituciones y se han llevado a cabo otras tantas suspensiones.
Agregó que en los últimos tres años de los juicios disciplinario que se han conocido, se han llevado a cabo seis, siete destituciones y se han llevado a cabo otras tantas suspensiones.
Castillo Moronta dice la Inspectoría es un órgano de apoyo del Consejo del Poder Judicial que tiene dos funciones principales: la primera es verificar el funcionamiento de todas las unidades del Poder Judicial para recomendar mejoras continuas y otra es a través de las inspecciones extraordinarias, verificar los las conductas que constituyen acciones u omisiones que pudieran representarle.
“La inspectoría no puede, por el simple hecho de que un juez emita una decisión en un sentido o en el otro, apoderarse para investigar a un juez. La decisión es del juez, no es de nosotros. Ahora, cuando inspectoría identifica un elemento externo al proceso, un elemento externo a lo jurisdiccional, entonces entra en operación. Entonces entra a hacer su investigación”, destacó.
Añade que 764 jueces en el país procesan en promedio 550 mil casos anuales.
Castillo Moronta también señaló que “la justicia es un sistema, y un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin determinado. La policía tiene que hacer su papel, el Ministerio Público tiene que hacer su papel, la defensa privada o pública tiene que hacer su papel y el juez también tiene que hacer su papel”.
«Sí, ciertamente tenemos conocimiento de esos informes a los que usted hace alusión», afirmó.
Jacinto Castillo Moronta es el Inspector General del Poder Judicial, expresó «Presentar faltas disciplinarias. En el caso que usted nos señala, ciertamente estamos apoderado de algunas de esas decisiones. De hecho, la fiscal de San Francisco de Macorís nos ha apoderado de alguna. Hay alguno de esos casos que tiene consejero de la instrucción. Hay otros que están en proceso de investigación y hay otros que ya se han cerrado. Es decir, que todo lo que se ha presentado como denuncia se investiga y se le da una respuesta».
