SANTO DOMINGO. Las declaraciones del Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, destacando la labor de los agentes policiales en las muertes de los supuestos asaltantes de una sucursal bancaria, Richard Michel Estrella Arias, de 25 años y Joan Eduardo Belliard Aybar, de 24 años, han impactado en la sociedad.
En conversación con periodistas, Vásquez destacó que la respuesta del Estado dominicano no solo ha sido efectiva, sino que también ha brindado tranquilidad y paz a la sociedad. “Se ha hecho lo que había que hacer”, afirmó.
Además, las declaraciones coincidieron en el tiempo con las de la abogada Laura Acosta Lora, parte del equipo de defensa de Gonzalo Castillo, quien dijo que dos de los empresarios que acordaron con el Ministerio Público un criterio de oportunidad para que los dejaran fuera del proceso penal del caso Calamar «se van con 7,615 millones en los bolsillos» del Estado dominicano.
Aunque los señalamientos de Acosta Lora se deben tomar como parte de la defensa de un abogado a descargo, está documentado que el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, y Fernando Crisóstomo Herrera, involucrados en el caso de corrupción Calamar, acordaron devolver al Estado 1,816 millones de pesos. Ninguno de los dos aparece en la acusación formal.
Ante estas dos caras de la moneda, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes denuncia una doble moral en el manejo de la justicia.
Mientras a quienes se les acusa de corrupción y de robar grandes sumas de dinero al país se les protege y se les permiten negociaciones, los delincuentes «sin padrinos» son ejecutados sin juicio justo, lamenta Mercedes.
El activista advierte que “este doble estándar socava el Estado Democrático y Social de Derecho, pues la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley y que cualquier violación debe ser procesada judicialmente, no con ejecuciones sumarias”.
El sociólogo Juan Miguel Pérez también cuestionó la falta de reacción por parte de la sociedad y de las instituciones académicas y políticas ante estas declaraciones. “La sociedad está huérfana de portavoces que defiendan a los vulnerables,” lamentó, criticando la falta de oposición a esta política de doble moral. Mientras los delincuentes sin conexiones políticas son ejecutados sumariamente, aquellos involucrados en casos de corrupción negocian su libertad y mantienen sus privilegios.
“¿Por qué esa geometría variable de las leyes en nuestro país?” cuestionó Pérez. “Aquellos con conexiones políticas tienen todo el debido proceso respetado, mientras los infelices no tienen quién proteja sus derechos fundamentales.”
Pérez advirtió que estas prácticas regresivas amenazan con desmotivar a la población, especialmente a los jóvenes, alejándolos de la participación cívica y de los debates públicos. “Esto representa un retroceso a los años de Balaguer, donde la policía nacional era el último bastión del balaguerismo,” dijo. El sociólogo instó a la sociedad a reaccionar y a rechazar estas políticas de doble moral para avanzar hacia una verdadera democracia y justicia social.
Recibe las últimas noticias en tu casilla de email