La revelación de que miles de empleados públicos y privados están fuera de la Seguridad Social y sin seguro médico por una multimillonaria deuda de los cabildos y también de algunas empresas, ha puesto al descubierto una grave situación que por su magnitud y naturaleza luce increíble.
Cómo es posible que más de 150,000 personas carezcan de facilidades de asistencia médica en un estado donde la constitución define su esencia como democrática, social y de derecho.
Los empleadores en el sector público y en el privado incurren de esta manera en un doble robo, ya que hacen los descuentos de la seguridad social y no lo reportan a la Tesorería de ese organismo. Esto ha acumulado una deuda, entre capital e intereses por mora ascendente a 17 mil millones de pesos.
Esto amerita una solución por el perjuicio y denegación de derecho a miles de ciudadanos que no sabemos de qué medios se ha estado valiendo para preservar su salud.
La salida no puede ser la condonación de la deuda acumulada, ya que la retención de esos fondos implica un claro delito penal y debe haber consecuencias y sanciones.
Paralelamente, las autoridades de la Tesorería de la Seguridad Social deben explicar por qué permitieron que esta deuda se acumulara durante tanto tiempo y por qué aparentemente ningún empleado carente de seguro médico se ha quejado en los medios.
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