Una de las funciones más delicadas de cualquier cabildo es la cuestión de la zonificación y los permisos de uso del suelo. Conozco casos de ayuntamientos del interior que para autorizar construcciones de servicios públicos, con presupuesto de RD$40 millones, han exigido RD$25 millones para dar permisos, una locura. Empresas de electricidad, telecomunicaciones y urbanizadores conocen bien este drama.
En áreas turísticas también se cuecen habas y hasta piedras que pasan por guandules. Por ejemplo en Juan Dolio y Guayacanes se construyen actualmente proyectos que misteriosamente obtuvieron autorizaciones municipales y también de los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, pese a violentar flagrantemente normativas vigentes sobre linderos, franja marítima, altura, densidad y tipo de construcción.
Aparte de agredir el medio ambiente, esta descarada vulneración de los derechos de residentes e inversionistas previos debilita el Estado de derecho, fomenta la impunidad, trasunta corrupción y daña el prestigio del Poder Ejecutivo, cuya confianza traicionan quienes transgreden los límites de su autoridad. Ojalá basten las denuncias para corregir el daño. ¡Cuánta vagabundería! ¿Se creen invisibles?
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