A la luz de las investigaciones realizadas en torno a las condiciones en que se desarrolló la intervención de cirugía estética que costó la vida a la señora Altagracia Díaz, resulta justificada la drástica decisión del Ministerio de Salud Pública de disponer el cierre del Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA) en que se llevó a cabo la fatal operación.
A partir de los resultados de la autopsia practicada al cadáver de la dama fallecida evidenciando que la misma había sido operada y al parecer fue debido a complicaciones surgidas en medio de ese proceso que le costaron la vida, lo que originalmente había negado la dirección de la clínica, las autoridades sanitarias llevaron a cabo una amplia inspección sus instalaciones que puso al descubierto toda una serie de irregularidades.
La lista de anomalías ofrecida por las autoridades de salud es extensa: incumplimiento de los protocolos previos a la operación como es establecer con suficiente antelación el posible nivel de fallo cardíaco por efecto de la anestesia; medicamentos vencidos tanto en la farmacia como en la unidad de cuidados intensivos; incumplimiento de las normas de esterilización; existencia de doce quirófanos pese a estar habilitado el centro solo para seis; un solo desfibrilador cuando al menos debían contar con cuatro.
Adicionalmente, en el caso específico de la señora Díaz, se estableció igualmente que su expediente estaba incompleto, faltando la descripción del proceso quirúrgico a que fue sometida y que le costó la vida, lo que dificulta poder establecer la cantidad de grasa que se le extrajo. Asimismo en el expediente no figura la lista de verificación para la seguridad de la cirugía.
Pero… hay un antecedente que constituye un factor agravante que no se debe pasar por alto, en tanto involucra no solo al centro clausurado sino también por defecto a las propias autoridades sanitarias.
Ya en el 2017 este mismo centro había sufrido de cierre debido a que entre otras fallas, los equipos de esterilización no estaban dispuestos en forma adecuada para garantizar que los instrumentos a esterilizar quedaran libres de bacterias, con el consiguiente riesgo para los pacientes y el mismo personal de la clínica.
Estamos, por consiguiente, frente a un caso de reincidencia por parte de la clínica…pero también de falta de supervisión por parte de las autoridades sanitarias. Si existía ese precedente era imperativo por parte de las autoridades sanitarias haber ejercido una más exigente labor periódica de auditoría para verificar el cumplimiento de los protocolos asistenciales y las condiciones generales de sus instalaciones conforme a las normas vigentes. Las fallas detectadas ahora evidencian que no se llevó a cabo o no se hizo con la suficiente rigurosidad.
Es la misma que debía realizarse de manera habitual en todos los centros privados y públicos de salud sin esperar a que ocurran situaciones tan penosas y lamentables como la del presente caso, que hubieran persistido y puesto posiblemente en riesgo la vida de más pacientes, de no haberse producido la denuncia de la hija de la víctima.
Esto así, sobre todo y de manera especial, en el caso de las clínicas de cirugía estética donde han sido frecuentes los casos de personas fallecidas, dominicanas y extranjeras que vienen a operarse al país atraídas por el precio mucho más económico que pagan aquí en relación al de sus países de origen, y las frecuentes denuncias por mala práctica y condiciones inadecuadas en que se han practicado las cirugías, inclusive por personas no autorizadas para llevarlas a cabo.
Por consiguiente, al momento de repartir culpas, si bien la mayor parte carga sobre los centros en falta que no cumplen con los protocolos exigidos para garantizar la seguridad de los pacientes intervenidos, las autoridades sanitarias no pueden evadir la cuota que les toca asumir por no ejercer la necesaria gestión de supervisión.