En países con altos estándares de vida, los ciudadanos aceptan contribuir con impuestos elevados, a cambio de un estado que les responda con servicios de calidad e infraestructuras sólidas.
Este pacto social implícito se basa en la confianza. El ciudadano cumple con su aporte y el estado le devuelve en servicios. En la Republica Dominicana, sin embargo, vivimos una realidad distinta. Aunque el estado recauda menos en términos relativos esta baja recaudación se encuentra profundamente ligada a la desconfianza que la corrupción y la mala gestión han sembrado en la psique colectiva.
Durante años, el dominicano ha visto cómo sus aportes desaparecen en manos de quienes deberían administrarlos de manera responsable.
¿El resultado? Una constante crisis de servicios públicos a pesar de las contribuciones de quienes cumplen con el fisco permanentemente.
Esta desconfianza no se disipa de un momento para otro. Se ha vuelto casi una herencia cultural pensar que una reforma tributaria significará más recursos malgastados o, peor aun, recursos robados.
Por eso, cada vez que surge una nueva reforma tributaria la molestia del ciudadano es palpable porque se siente estafado y siente que el estado no ha cumplido con su parte en el trato.
El verdadero reto de cualquier reforma es ir más allá de recaudar fondos y reconstruir esa confianza perdida. El ciudadano dominicano necesita pruebas de que su aporte será bien administrado y que sus impuestos generarán un retorno tangible. Solo así la relación entre el estado y la sociedad podría empezar a parecerse a ese pacto social que tanto beneficia a otros países.
