SANTO DOMINGO.- La rápida actuación para prevenir y castigar la corrupción es clave si el Estado está interesado en recuperar la confianza de sus ciudadanos y proyectar un ambiente de fortaleza institucional.
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La Ley de Residuos Sólidos no estaba en llamas. No había emergencia nacional. No había catástrofe ambiental esperando respuesta legislativa. Y aun así, el Senado la modificó de urgencia. Sin consulta. Sin los técnicos. Sin los que la implementan. Sin los que la padecen. Cuando hay prisa sin emergencia y silencio donde debería haber diálogo, surge la pregunta: ¿Y a quién le conviene que nadie pregunte?
25 junio 2026