La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) propuso que la nueva ley minera obligue a las empresas a definir y garantizar financieramente los planes de cierre y remediación ambiental desde el inicio de cada proyecto.
La iniciativa plantea que los recursos destinados a la recuperación de las áreas intervenidas queden asegurados mediante mecanismos públicos de supervisión, de forma que estén disponibles independientemente de la situación económica de las compañías.
Vacíos de la Ley 146-71
Según la entidad, la actual Ley 146-71 carece de herramientas que integren, de manera obligatoria, aspectos como los planes de cierre de minas, las garantías financieras para la remediación ambiental y mecanismos formales de participación ciudadana.
La propuesta forma parte de las discusiones para la modernización del marco legal minero y coincide con estándares promovidos por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la que República Dominicana forma parte.
Diálogo para modernizar la ley minera
CAMIPE sostiene que la actualización de la legislación debe realizarse mediante un proceso de diálogo entre el Estado, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil, con reglas más claras sobre supervisión ambiental, transparencia y cierre de operaciones extractivas.
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