La lucha contra la corrupción, en todas sus formas, medios, grados y modalidades, tiene que partir de patrones de acciones firmes y coherentes, en el marco de las leyes y dentro de una política institucional, inspirada en la transparencia y adecentamiento del ejercicio en la administración pública.

La corrupción es un flagelo que permite desviar hacia bolsillos particulares, fondos que deben ser utilizados para programas de desarrollo, creación de empleos, incentivos a la producción y obras sociales que tiendan a mejorar la calidad de vida en las comunidades más necesitadas.

A pesar de un sinnúmero de declaraciones de intención, de pronunciamientos y de disquisiciones en talleres y seminarios, son escasas las iniciativas concretas que han podido aplicarse para fortalecer el combate a la corrupción.

Mientras no exista un mecanismo de consecuencias, esto es de aplicación de medidas ejemplarizadoras a quienes incurren en peculado o prevaricación, la lucha contra este mal no dejará de ser un proyecto esquemático o infuncional.

¿Por ejemplo, por qué la Justicia y los tribunales en general son tan débiles o ineficaces y en algunos casos podría decirse que hasta indiferentes, en los casos relativos a irregularidades detectadas en dependencias del Estado?

Todo aquel que haya valido de una posición pública para desviar recursos en su provecho personal debe ser procesado y condenado en un juicio oral, público y contradictorio, para que la corrupción y los corruptos no gocen como hasta ahora de una manifiesta impunidad.

Esta actitud debe ser inflexible y sin vacilación alguna, caiga quien caiga en cualquier ámbito del escenario social, económico o político del país.

Pero para que la política anticorrupción goce de credibilidad no puede ser selectiva, esto es incluyente en algunos casos y excluyente en otros por conveniencias o intereses momentáneos.

Llevar este crucial tema al debate electoral con dimes y diretes es un flaco servicio al enfoque serio y con rigor institucional que debe darse al combate a la corrupción y a toda su secuela de distorsiones y graves implicaciones..

Los políticos y partidos deberían entender esto y, tanto desde el gobierno como de la oposición, contribuir a enfrentar este mal y en ningún caso prohijarlo, so pena de sufrir, tarde o temprano, los efectos del descrédito y de la repulsa ciudadana