En realidad no es una postura nueva, porque ese tema había sido uno de las banderas que había enarbolado como parte de su oferta electoral durante la campaña, pero ahora tiene otro carácter y crea muchas expectativas.

El

presidente Luis Abinader ha asumido un gran compromiso frente al país y sus

instituciones al dar seguridad, en el inicio de su gestión, de que “no habrá

impunidad para la corrupción del pasado ni del futuro”.


En

realidad no es una postura nueva, porque ese tema había sido uno de las

banderas que había enarbolado como parte de su oferta electoral durante la

campaña, pero ahora tiene otro carácter y crea muchas expectativas.


El

hecho de que haya nombrado como Procuradora general de la República a Miriam

Germán Brito, una magistrada que goza de gran reputación y credibilidad en la

opinión pública, es un paso en esa dirección, pero es una tarea titánica que

requiere mucho coraje y energía.


Durante

décadas y a pesar de todas las promesas y declaraciones de intenciones, la

lucha contra la corrupción administrativa, en gran medida culpable de nuestras

debilidades y miserias humanas, en la práctica no ha dejado de ser un objetivo

incumplido con muchas frustraciones en el camino.


Ahora,

Abinader tiene la oportunidad histórica de impulsar un cambio que restaure la

confianza de los ciudadanos en la verdadera intención y voluntad de combatir

ese flagelo desde el mismo Estado, por encima de conveniencias grupales o

partidarias.


Son

muchos los intereses y presiones que han influido en décadas para que la lucha

anticorrupción haya sido fallida en el país y en este momento no hay razones

para pensar que será diferente, salvo el cambio de actitud que promete el nuevo

estadista, un compromiso del que deberán ser compromisarios sus funcionarios y

el recién instalado Congreso.


La

designación de la exfiscal del Distrito Nacional, Yenni Berenice Rosario como

procuradora Adjunta es otro paso importante dentro del plantemiento de Abinader

de que se pueda contar, por primera vez en el país, con una Procuraduría

general que pueda actuar sin ataduras y de forma totalmente independiente.


Como

esta independencia no está aún consagrada por mandato constitucional y de

elección por voto directo, como ocurre en otras naciones del continente, la

real independencia dependerá de la forma en que actúen ambas magistradas frente

a los serios retos que enfrentarán en un país donde aún prevalecen muchas

debilidades institucionales.


Para

dar seguridad al país de que a partir de ahora el Ejecutivo no influirá en las

decisiones de la Procuraduría, Abinader ha dicho públicamente a ambas

magistradas que pueden actuar con entera libertad, sólo siguiendo los

lineamientos de la Constitución y de las leyes y los dictados de sus

conciencias, agregamos nosotros.


Todo

esto ha abierto grandes expectativas y sólo el tiempo, las medidas y la

realidad determinarán si realmente nos encaminamos a una lucha efectiva contra

la corrupción y a los malos manejos administrativos con los recursos del abusado

Estado dominicano.