Debido a las decepcionantes experiencias del pasado en este tipo de temas, es natural que el nuevo plan sea recibido con cierto nivel de escepticismo a la espera de resultados, lo que podría ir cambiando paulatinamente según las ejecutorias que se adopten con firmeza y sin excepciones.

El plan anticorrupción que comenzó a

dilenear el presidente Luis Abinader  ha

abierto expectativas sobre la posibilidad de que, fuera de anuncios y

advertencias, pueda concretizarse en la práctica y afianzarse como un programa

efectivo para el adecentamiento de la administración pública.


Debido a las decepcionantes experiencias

del pasado en este tipo de temas, es natural que el nuevo plan sea recibido con

cierto nivel de escepticismo a la espera de resultados, lo que podría ir

cambiando paulatinamente según las ejecutorias que se adopten con firmeza y sin

excepciones.


Entre otros puntos, quizás el que ha

llamado más la atención a nivel mediático es la afirmación del Presidente de

que procederá a cancelar a los funcionarios que no presenten su declaración

jurada de bienes como manda la ley.


Se trata de una disposición que está consagrada

en una ley adjetiva que no es nueva, pero que había sido objeto de muchos

cuestionamientos por la forma en que era ignorada, ya que como reza la

sentencia jurídica; una ley que no se cumple equivale a letra muerta.


La vigencia de una ley, sobre todo

cuando se trata de una cuestión tan vital como la vigilancia y salvaguarda del

patrimonio público, sólo es efectiva cuando los estamentos oficiales encargados

de su ejecución cumplen con su papel para que haya un verdadero sistema de

consecuencias aplicable a los infractores.


Con su advertencia, Abinader ha dejado

bien en claro que no tolerará la liviandad y la inexcusable tolerancia con que

se actuaba en el pasado reciente y que permitía a funcionarios que accedían a

posiciones públicas, burlarse de la ley, de las instituciones y del país en

general.


Es de esperar, pues, que ni siquiera

haya que despedir a nadie, que todos los nuevos funcionarios cumplan con la

declaración y que también en sus gestiones observen todas las normas y buenas

prácticas éticas que se han comprometido a cumplir a cabalidad.


El país es su conjunto observa con

atención la nueva administración y los logros que se alcancen en la lucha

anticorrupción contribuirán a un uso más transparente, justo y equitativo de

los recursos del estado. En esta y en otras materias vitales de la vida

pública, la garantía para el cumplimiento y el castigo a los violadores es la

eterna vigilancia, sin tregua ni debilidad alguna.