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EDUCA propone sectores se involucren en gestión de recursos para educación

EDUCA propone sectores se involucren en gestión de recursos para educación
EDUCA propone sectores se involucren en gestión de recursos para educación

La institución apoya al ministro de Educación de que se asuma copago ARS SEMMA

Estudiantes del sector público.

Estudiantes del sector público.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) manifestó su apoyo a la libertad de elección de cada docente dominicano para que pueda optar por la administradora de riesgos de salud de su preferencia, tal como lo consignan los principios del Sistema Nacional de Seguridad Social, lo cual además contribuiría a que exista una sana competencia entre las ARS para que los docentes puedan tener acceso a servicios de salud eficientes y competitivos “y ésto, desde el subsidio no es posible”.

“Lo más saludable para lograr una mejor gestión es que formen parte de la Seguridad Social y sean supervisados y regulados por el mismo organismo regulador que regula a todo el sistema”, apuntó Elena Viyella de Paliza, presidenta de EDUCA.

La semana pasada, el ministro de Educación convocó a los maestros para el miércoles cuatro y les pidió llevar propuestas que ayuden a hacer viable financieramente al SEMMA, partiendo de la premisa de que se requiere la instauración del copago pues sin este, es imposible que la ARS SEMMA se pueda recuperar.

“Creemos que una gestión donde haya participación de la sociedad civil y del sector privado demandaría eficiencia en el uso de los recursos públicos. Financiar un barril sin fondo no es eficiente por tanto bien hace el Ministro en poner límites a esa tendencia”, señaló Viyella de Paliza.

Enfatizó además que EDUCA apoya el copago como una obligación porque avala a los docentes y los acerca al sistema. “Y todo esto será mejor cuando el Ministerio se encuentre acompañado en esa labor de organizaciones sociales y del sector privado”.

EDUCA plantea, entre sus propuestas para el Pacto Educativo, la necesidad de desarrollar esquemas de participación público-privado para que el sector privado y la sociedad civil se involucren en la gestión de recursos públicos destinados a la educación, todo ello con transparencia y un regulador institucionalmente fuerte.

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