De paños y manteles lucen estar hasta ahora el Ministro de Educación y la Presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Cecilia Guante, cabeza de la corriente opositora José Francisco Peña Gómez, que en los pasados comicios del gremio se alzó con la victoria.
Ambos, el funcionario gubernamental y la sindicalista parecen estarse entendiendo de maravilla, hablando el mismo lenguaje y transitando del brazo por el mismo camino. Es un hecho positivo y alentador. Y marca una importante diferencia con los ásperos enfrentamientos que habían caracterizado hasta ahora las tensas relaciones entre las autoridades docentes y el gremio magisterial.
Ahora, dando un nuevo e importante paso de avance en esa dirección el Ministro Antonio Peña Mirabal, en rueda de prensa compartida con la dirigencia adepeista, informa que existen seis mil plazas disponibles para docentes así como mil 700 para directores de centros educativos. Y lo más importante y que sirve de complacencia a la cúpula gremial, es que dichas plazas serán llenadas por concurso.
Como requisitos, los aspirantes deberán poseer títulos de licenciado en Educación o en Psicología, con una calificación no inferior a setenta puntos, que, consideración muy personal al margen, pudiera resulta excesivamente baja dada la responsabilidad que entraña garantizar la impartición de una docencia de calidad.
Por otra parte, en ese mismo encuentro, Peña Mirabal anunció que ya a través del Departamento de Infraestructura Escolar comenzó a dar respuesta y solucionar varias de las demandas externadas por el gremio profesoral en diferentes provincias. De recordar que la Presidenta de la ADP, entregó un amplio memorial de quejas y reclamos al todavía recién posesionado como rector de la educación nacional, al tiempo que este reveló la existencia de decenas de escuelas cuya construcción se encontraba detenida, por lo general por falta del pago de las cubicaciones a los ingenieros a cargo de las obras.
Cabe esperar que esa relación de entendimiento y cooperación entre la máxima autoridad educativa y la líder del sector magisterial se mantenga, y si posible se acreciente y profundice en el tiempo. Para que pueda lograrse el ideal de una enseñanza de calidad, objetivo principal perseguido con la entrega del 4 por ciento del PIB para el sector, es indispensable que todos los agentes que intervienen en el mismo asuman el compromiso de trabajar de común acuerdo.
Dentro de ese esquema de meta y esfuerzo compartidos, cabe esperar el más estricto cumplimiento del artículo 2 del Pacto por la Educación, donde figura como deber ineludible no perder un solo día de clases. No ha ocurrido así desde entonces. Por el contrario, han sido frecuentes, quizás más que en ocasiones anteriores, las paralizaciones de la docencia a veces por períodos prolongados de tiempo, y bajo causales con escasa justificación.
Culpas al margen y archivadas como ocurrencias del pasado como si fuese una especie de “borrón y cuenta nueva”, es de esperar que también lo sea dicho método de reclamo, y que de común acuerdo, puedan establecerse mecanismos de inmediata y continua aplicación para la solución de los conflictos que puedan presentarse, cualquiera que sea su naturaleza.
Que de paños y manteles sea también asumir el compromiso de no perder en lo adelante ni una sola jornada de clases para que la meta de una docencia de calidad no sea un simple slogan ni una aspiración ilusoria, sino una realidad palpable en el tiempo mas breve posible.