Desde que se dio vigencia a la ley del cuatro por ciento del PIB para la educación, se ha destinado casi un billón de pesos para impulsar la calidad de la docencia en el país. Durante ese tiempo de ha multiplicado el número de aulas, implementado la tanda extendida, mejorado sustancialmente los salarios e incentivos a los maestros, llevado las computadoras a las aulas y facilitados uniformes, zapatos, mascotas y libros a los alumnos.
Sin embargo, siete años después luce que seguimos casi en el punto de arrancada, muy distantes del objetivo perseguido. De manera obstinada seguimos aferrados al último escalón en el ranking de docencia de ochenta países analizados.
Para el presupuesto del 2020 se adelanta la información por el “Diario Libre” de que la destinación de recursos para la educación pública alcanzará la cifra sin precedentes de 510 millones de pesos diarios. La gran interrogante es ¿que nivel de rentabilidad en término reales y comprobrables de avance docente puede esperar la sociedad de esa cuantiosa inversión de recursos aportados por los contribuyentes?
En este sentido resultan de obligada referencia los datos ofrecidos por el ingeniero Samuel Conde, presidente de EDUCA, que reflejan con debida crudeza la realidad actual de la educación pública en el país y los retos que plantea para superar sus fallas y lagunas.
Conde destaca como un aspecto positivo los avances registrados en cuanto a la incorporación a la enseñanza primaria de la población de 6 a 11 años que representa el 95 por ciento del total en ese rango de edad. No obstante, advierte que por el contrario, todavía se registra un elevado porcentaje de repitencia, extra edad y deserción así como la incapacidad del sistema para retener a los estudiantes a partir del séptimo grado.
No se trata de datos improvisados ni manipulados. Los mismos han sido recopilados a través del detallado estudio llevado a cabo por la Fundación Sura y la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación (REDUCA), el cual fue puesto a circular por EDUCA en la reciente celebración del trigésimo aniversario de su fundación.
El trabajo de investigación abarcó catorce países de la región, incluyendo la República Dominicana. En el mismo consta que si bien se han logrado avances considerables en cuanto al acceso y cobertura, ello no ha traído aparejado un mayor nivel de calidad en el aprendizaje.
De contundente prueba en nuestro caso bastaría tomar de ejemplo los pobrísimos resultados registrados en las pruebas escolares de Primaria por la inmensa mayoría de los alumnos en las dos asignatura básicas de Lectura Comprensiva y Matemática; los igualmente obtenidos por los aspirantes a ocupar plazas en el sistema de enseñanza pública en el concurso convocado por el Ministerio de Educación; y la más reciente declaración de la rectora de la UASD, profesora Emma Polanco, revelando que el 30 por ciento del presupuesto de la Primada es dedicado a la “nivelación” de los estudiantes que aspiran a profesionalizarse, quienes con escasas excepciones arrastran un muy escaso nivel de conocimientos, a consecuencia de la deficiente docencia recibida en los niveles primario y secundario.
Es la penosa realidad que ofrece la educación nacional siete años y un billón de pesos después de haber puesto en vigencia la ley del 4 por ciento y del solemne compromiso asumido con la firma del Pacto por la Educación de no perder un solo día de clases, pronta y reiteradamente violado a partir de entonces.
Es también a partir de la cual tenemos que replantear el camino a seguir a fin de lograr el objetivo de alcanzar los niveles de calidad en la enseñanza que requiere el país, a la luz de los retos que plantean los cada vez más acelerados cambios tecnológicos actuales. Ello hará necesario contar con recursos humanos debidamente dotados de las destrezas requeridas para adaptarse a sus exigencias y hacer uso adecuado de los mismos.
Se trata de un requisito indispensable si queremos hacer avanzar el país por el camino del progreso, para lo cual será indispensable la propuesta alianza del sector público y privado y un firme compromiso de esfuerzo compartido y sostenido por parte de los actores del sistema, autoridades, educadores, alumnos, padres contando con el máximo apoyo de todos los sectores sociales, económicos y políticos en un gran Pacto de Nación.
No hacerlo así el cuatro por ciento se convertirá en pérdida total, seguir echando al zafacón energías, recursos, esperanzas y sueños de hacer realidad la meta de un mejor país.